El Gobierno de Gustavo Petro presentó un nuevo proyecto de reforma tributaria. La propuesta, que se presenta dentro de la estrategia oficial de consolidación fiscal ante la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, busca recaudar $20 billones. En la exposición de motivos, el Ministerio de Hacienda sostiene que Colombia enfrenta un desequilibrio estructural de las finanzas públicas. Añade que más del 90% del Presupuesto General de la Nación (PGN) corresponde a gastos inflexibles, lo que limita la posibilidad de ajuste solo por la vía del recorte del gasto.
La iniciativa propone eliminar la exención que hoy cobija a los servicios turísticos prestados a visitantes no residentes y usados en Colombia. La medida quedó incluida en el artículo 32 del proyecto de ley y reemplaza ese beneficio automático por un esquema de devolución administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
De esta manera, si el Congreso aprueba la propuesta, los visitantes no residentes dejarán de recibir la exención del IVA al comprar servicios turísticos en Colombia. En su lugar, pagarán el impuesto y luego podrán solicitar la devolución al salir del país, por vía aérea, terrestre o marítima.
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Control detrás del cambio
La cartera explicó que la derogación busca “retirar el control de la medida de los prestadores del servicio y centralizarlo en la Dian”. Según el documento, el cambio fortalecería la administración del impuesto y permitiría una aplicación uniforme y transparente.
“Su finalidad no es reducir la competitividad del sector turístico, sino asegurar el principio de neutralidad del IVA, de manera que todos los consumidores, internos y externos, contribuyan de forma equitativa al sistema tributario por los servicios prestados y consumidos en el país”, se lee en el documento del Ministerio de Hacienda. Añade que el gravamen debe aplicarse en el país donde ocurre el consumo del bien o servicio.
Según la exposición de motivos, el beneficio vigente nació para incentivar la llegada de visitantes internacionales y elevar la competitividad del turismo colombiano frente a otros destinos de la región. Aun así, el Gobierno sostiene que hoy ese esquema funciona como un gasto tributario asumido por la Nación.
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Por qué el Ministerio de Hacienda considera problemático el esquema vigente
El Ministerio de Hacienda señala que el control y la fiscalización de la exención recaen principalmente en los prestadores del servicio. De acuerdo con esta, esa delegación abre espacio a “distorsiones y prácticas indebidas”.
Dentro de esos riesgos, el documento menciona “la eventual omisión deliberada en la expedición de la factura de venta correspondiente a un no residente”. Según el Ministerio que lidera Germán Ávila, esa práctica reduce la trazabilidad de las operaciones y complica la labor de la administración tributaria.
La exposición de motivos añade que ese esquema eleva el riesgo de evasión y de uso indebido del beneficio. También sostiene que los incentivos pueden desvirtuar el objetivo original de la exención y terminar en pérdidas de recaudo sin un efecto proporcional en la atracción de turistas internacionales.
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Cifras con las que el Gobierno defiende que no habrá un golpe al turismo
Para sustentar la medida, el Gobierno expone que el valor agregado nominal del turismo creció 10,9% en 2024 y 10% en 2025. También indica que en 2024 el sector estuvo 74,2% por encima de los niveles observados antes de la pandemia, en 2019. El documento atribuye el comportamiento, en mayor medida, al turismo de visitantes no residentes. Precisa que las exportaciones de servicios del sector aumentaron 15,1% en 2024 y 11,1% en 2025.
Esos avances superaron en 14,4 puntos porcentuales (pp) y 7,8 pp, respectivamente, el crecimiento del total de exportaciones de bienes y servicios del país. En ese agregado, el alza fue de 0,7% en 2024 y de 3,37% en 2025.
Con base en esos datos, el Ministerio de Hacienda afirma que “la implementación de esta medida no generaría efectos negativos significativos”. La cartera sostiene que, por el contrario, el cambio ayudaría a corregir el problema de fiscalización que detecta en el modelo actual.
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El peso real de los turistas extranjeros en alojamiento
La exposición de motivos cita cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre la demanda de alojamiento en 2025. Según el registro, el 70,2% de los huéspedes que usaron esos servicios fueron residentes nacionales y el 29,8% visitantes no residentes. A partir de esa composición, el Ministerio sostiene que “la nueva carga tributaria no se direccionaría a la mayoría de los huéspedes”. Con esto, apunta a que el impacto potencial de la medida se concentraría en una parte menor de la demanda total del alojamiento.
Agrega que el gasto en alojamiento representó solo 13,8% del gasto turístico total de los visitantes no residentes en 2025. El documento cita además un estudio según el cual, en los viajes de larga distancia, los precios tienen un impacto limitado sobre la demanda turística tanto a corto como a largo plazo. La iniciativa también recoge una referencia internacional para defender el cambio. Dice que varios países aplican esquemas en los que los turistas extranjeros pagan el IVA al comprar bienes o servicios y luego solicitan la devolución ante la autoridad fiscal o por medio de operadores autorizados.
Como se recordará, en Colombia ya existe un mecanismo de devolución de IVA para turistas extranjeros al salir del país por vía aérea, terrestre o marítima. Si prospera la reforma, ese canal seguiría disponible para que los visitantes no residentes mantengan el acceso al beneficio, aunque ya no en la compra sino al abandonar el territorio nacional.
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