La administración del presidente electo Abelardo de la Espriella comenzará con una reforma profunda en la estructura de la Presidencia de la República, modificando el organigrama para los próximos cuatro años.
Durante su tercera alocución como mandatario electo el 13 de julio de 2026, anunció que la Casa de Nariño funcionará como “un centro de coordinación ejecutiva, con una planta de personal sin corbatas, sin cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas”.
Esta transformación, aseguró, permitirá “eliminar cerca de 229 cargos de entrada”, lo que generará un ahorro aproximado de 10.000 millones de pesos anuales.
Según explicó De la Espriella, los recursos liberados por la supresión de estos puestos se invertirán en “programas que beneficien directamente a los colombianos”.
El propio mandatario también ordenó la desaparición de varias dependencias, entre ellas la Consejería para la Reconciliación Nacional, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final. Sus funciones pasarán a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, así como al Comisionado Nacional de Seguridad.
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El presidente electo detalló que la nueva Presidencia será “austera, eficiente y orientada a los resultados”. Además, enfatizó que “se acaba el Comisionado para la Paz, porque no habrá procesos de falsa paz en mi Gobierno”.
Según el futuro jefe de Estado, el propósito es iniciar “el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento”.
Durante su intervención, De la Espriella criticó la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y señaló directamente al exjefe de las Farc, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. “Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello”, afirmó el presidente electo.
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Tras lo anterior, la excandidata vicepresidencial del Pacto Histórico Aida Quilcué manifestó su rechazo a los anuncios del presidente electo sobre la supresión de organismos fundamentales para el proceso de paz.
Desde su perfil en X, Quilcué afirmó que “acabar con la JEP, la Consejería para la Reconciliación Nacional, la Consejería para los Derechos Humanos y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final no es un ajuste institucional”.
La congresista subrayó que la paz constituye “un derecho constitucional” y remarcó que su protección representa “un deber de todos los gobiernos”.
Quilcué sostuvo que la desaparición de estas entidades pone en riesgo los avances alcanzados en materia de reconciliación, justicia y derechos humanos durante los últimos años en Colombia.
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Por último, la representante del Pacto Histórico hizo un llamado a la sociedad y a las organizaciones internacionales, al señalar: “Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para proteger la vida y la paz en Colombia”.
Isabel Zuleta alertó sobre el peligro para la paz tras las reformas impulsadas por Abelardo de la Espriella
La senadora electa del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, criticó en X las recientes decisiones del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre los organismos responsables de la paz y los derechos humanos. Zuleta calificó como “un oportunismo muy peligroso para el país” la supresión de entidades clave, señalando incoherencias en el discurso oficial.
La legisladora recordó que Colombia ya definió un camino con el Acuerdo de Paz y que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza con el juzgamiento tanto de militares como de exmiembros de las antiguas Farc.
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“Estoy de acuerdo con muchos militares que los operadores políticos se lavaron las manos y no hubo juzgamiento para los Presidentes y otros cargos que dieron órdenes que terminaron en una política de Estado”, afirmó Zuleta.
La senadora hizo referencia a situaciones como el genocidio contra disidentes y los casos de falsos positivos, temas que siguen pendientes de justicia.
Zuleta preguntó por qué el debate solicitado por el mandatario no incluye a “Presidentes y otros cargos del poder ejecutivo, incluso del legislativo o de terceros civiles como empresarios y medios de comunicación que aún no han respondido ante la justicia”.
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Según la congresista, el interés real de las reformas propuestas no es enfrentar la impunidad, sino “hacer trizas los esfuerzos de paz”.
Finalmente, la representante del Pacto Histórico advirtió que las medidas anunciadas afectan la institucionalidad dedicada a proteger los derechos humanos.