Gobierno Petro también anunció que suspende el empalme presidencial con el equipo de Abelardo de la Espriella: “No aceptaremos un solo insulto más”

El presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó la mañana del 7 de julio de 2026 suspender el proceso de empalme con el gobierno del presidente Gustavo Petro, al que acusó de ser un “gobierno corrupto” que “pretende destruir a Colombia”, según afirmó en redes sociales.

De la Espriella dijo que la instrucción fue impartida a José Manuel Restrepo, vicepresidente electo. “Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República”, expuso.

El líder del movimiento político Defensores de la Patria sostuvo que la decisión responde a una “responsabilidad institucional” ante el cambio de mando: “Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”.

En su pronunciamiento, también anunció que ampliará los motivos y el alcance de la medida durante el día. “En el transcurso de la mañana me dirigiré a la Nación a través de mis redes sociales para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión y las medidas que adoptaré de inmediato”, señaló.

En reacción, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, hizo una declaración pública en la que anunció la suspensión de los diálogos con el gobierno electo.

“Solicito a todos los ministros y directores suspender la mesa de empalme. Solicito a José Manuel Restrepo revisar los pronunciamientos emitidos para reunirnos y retomar el empalme”, señaló Ávila.

A su juicio, no existen garantías institucionales para continuar. La medida no fue presentada como definitiva, sino supeditada a un cambio en las condiciones del proceso.

A la par, el ministro sostuvo que hoy no están dadas las condiciones mínimas de respeto institucional por la persistencia de ataques personales y por el uso de una narrativa incompatible con la naturaleza del empalme: “El Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional suspende su participación en las sesiones conjuntas de empalme hasta tanto existan garantías de respeto recíproco, cese la utilización de expresiones y actuaciones incompatibles con la naturaleza institucional del proceso y puedan restablecerse las condiciones necesarias para desarrollar un empalme técnico, serio y respetuoso de la Constitución”.

El equipo de empalme del Gobierno Petro, liderado por el ministro de Hacienda, vinculó esa decisión a una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio, integrante del equipo del gobierno entrante, por declaraciones que, según la administración saliente, afectaron la honra y el buen nombre del presidente de la República, Gustavo Petro, y de su gabinete.

“Precisamente porque creemos en el Estado de derecho y en las instituciones de la República, informamos que el Gobierno Nacional radicó una denuncia penal contra el señor Carlos Alonso Lucio con ocasión de las declaraciones que ofreció, por considerar que dichas manifestaciones afectan la honra y el buen nombre del señor presidente de la República y de su equipo de gobierno. Ese asunto deberá resolverse donde corresponde, ante las autoridades competentes, no en la mesa del empalme”, expresó el funcionario Ávila.

“El empalme no es una investigación penal. El empalme no es un juicio. El empalme no es una plataforma política”, afirmó Ávila al decir que el comité debe fijar el alcance y tener el proceso entre administraciones.

Y agregó: “Ese asunto deberá resolverse donde corresponde, ante las autoridades competentes, no en la mesa del empalme. No le aceptaremos un solo insulto más”.

El Gobierno pidió la presencia de la Procuraduría y respaldó a la Contraloría

Junto con la suspensión de las sesiones conjuntas, el comité informó que extendió una invitación al procurador general Gregorio Eljas Pacheco para que, si lo considera pertinente, disponga la participación de procuradores delegados o de otros funcionarios en las distintas reuniones sectoriales.

La solicitud fue presentada como parte de la función preventiva que la Constitución Política asigna a ese organismo de control. El Gobierno también solicitó el acompañamiento de la Contraloría General de la República y sostuvo que la presencia de ambas entidades fortalece la confianza pública y las garantías para todas las partes.

En ese contexto, el Ejecutivo rechazó cualquier sospecha de ocultamiento. “No tenemos absolutamente nada que ocultar. Este es un gobierno de puertas abiertas y así se va a expresar”, afirmó.