El plan de intervención urgente para detener la ola de violencia en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia deberá quedar diseñado e implementado en un plazo máximo de 30 días.
Así lo ordenó el Tribunal Administrativo de Antioquia, que vinculó a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, con el propósito de proteger a la población civil ante la crisis de seguridad en ese municipio del norte del departamento colombiano.
PUBLICIDAD
La decisión judicial surgió dentro de una acción popular impulsada por la Gobernación de Antioquia, donde el tribunal concluyó que están amenazados derechos colectivos como la paz, la seguridad pública, el goce del espacio público y la protección de los bienes públicos.
El gobernador Andrés Julián Rendón celebró la determinación de la instancia judicial. “El Tribunal reconoce lo que hemos denunciado: los habitantes de Briceño enfrentan un riesgo inminente y constante por la presencia de estructuras armadas ilegales, las disputas por el control territorial y las economías ilícitas”, indicó.
Detalles de la decisión del Tribunal
Además del plazo principal de 30 días, el Tribunal Administrativo de Antioquia le notificó a la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa que deberán informar en 10 días hábiles el número de uniformados de la Fuerzas Militares que se necesitan para contener la situación de orden público.
PUBLICIDAD
También debe incluir los desplazamientos forzados documentados por entidades estatales, medida que se deberá tramitar a través del Grupo de Apoyo a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a Alertas Tempranas (Ciprat).
El tribunal también ordenó conformar de manera temporal un Consejo de Seguridad extraordinario encabezado por la Presidencia, en la que deberá coordinar una política pública específica y avanzar en un plan de protección para la población civil.
Para la convocatoria del consejo quedó en cabeza de la Presidencia y fijó también un plazo de 10 días hábiles para esa medida.
La crisis de seguridad que llevó a la intervención judicial
El deterioro del orden público en Briceño está asociado a la presencia de grupos armados ilegales y a las disputas por el control territorial y las economías ilícitas.
PUBLICIDAD
De acuerdo con la información de inteligencia recopilada por El Tiempo, en la zona operan el frente 36 de las disidencias de las Farc, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) también conocido como Clan del Golfo, Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el frente 18.
A su vez, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana de inminencia 019 de 2025 por la situación del municipio, advirtiendo sobre confrontaciones que afectan el casco urbano y los corregimientos de Travesías, Las Auras, Chorrillos, Pueblo Nuevo Berlín y Morrón. La crisis ha dejado desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y uso de explosivos.
La Defensoría también documentó consecuencias humanitarias que incluyen 10 homicidios de jóvenes de entre 17 y 28 años hasta septiembre de 2025. Del mismo modo, la entidad recopiló que en octubre de 2025 hubo un desplazamiento masivo de 1.033 familias, equivalentes a 2.110 personas.
PUBLICIDAD
El organismo también mencionó varios ataques contra la asistencia en salud, incluido un hecho de julio de 2025 en el que integrantes del frente 18 detuvieron una ambulancia y agredieron a un paciente herido.
Entre los hechos recientes que aumentaron la presión sobre las autoridades aparece el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda. Sobre este caso, se ha reportado la captura de alias Víctor Chalá, señalado como presunto responsable de ese crimen.
De igual forma, se encuentra el asesinato de un joven herido que era trasladado en ambulancia por la vía entre Briceño y Yarumal el 2 de abril de 2026, a raíz de un atentado con explosivos cerca de la estación de Policía de Briceño, que pudo ser una represalia atribuida a disidentes del frente 36.
PUBLICIDAD
La secuencia de violencia expuesta por las fuentes llevó al tribunal a exigir una respuesta estatal con tareas concretas y plazos definidos para seguridad y protección de la población civil.
PUBLICIDAD