La Superintendencia Nacional de Salud, encabezada por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, ha intensificado la presión sobre Nueva EPS al fijar el 6 de julio como fecha límite para la entrega de los estados financieros de los años 2023, 2024 y 2025.
La entidad supervisora calificó el plazo como “perentorio e improrrogable”, advirtiendo que la falta de cumplimiento podría acarrear sanciones administrativas.
“La Superintendencia Nacional de Salud requirió formalmente a la Nueva EPS para que entregue sus estados financieros de las vigencias 2023, 2024 y 2025, debidamente certificados, dictaminados y aprobados. El plazo para el cumplimiento vence el 6 de julio de 2026 y tiene carácter perentorio e improrrogable”, señaló la Superintendencia de Salud.
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La aseguradora, considerada la mayor promotora de salud del país por volumen de afiliados y recursos recibidos del Estado, enfrenta desde abril de 2024 una intervención forzosa administrativa.
Esta medida le impone la obligación de divulgar puntualmente su información financiera, requisito esencial para determinar su liquidez y el nivel de deuda que mantiene con clínicas y hospitales, así como para evaluar si está cumpliendo con los planes de recuperación impuestos.
Hasta la fecha, Nueva EPS no ha publicado estados financieros desde el 2022, a pesar de los reiterados llamados de la Superintendencia y de una orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Entre abril de 2025 y febrero de 2026, el organismo de control emitió al menos cinco requerimientos formales para la entrega de estos reportes, sin que la entidad haya logrado demostrar un cumplimiento integral.
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A través de su cuenta de X, el superintendente Daniel Quintero ordenó expresamente que la Nueva EPS presente los estados financieros debidamente certificados, dictaminados y aprobados, junto con la información adicional exigida en la Circular Externa 016 de 2016.
“Pese a los múltiples requerimientos, resoluciones y planes de trabajo aprobados desde 2024, así como a los compromisos asumidos por la propia entidad, persiste el incumplimiento en la certificación, dictamen, aprobación y reporte de los estados financieros, junto con la información exigida en la Circular Externa 016 de 2016″, comentó la entidad.
El documento debe cargarse por los canales oficiales antes del 6 de julio. El incumplimiento, según la Superintendencia, se constituye en una infracción sancionable bajo el artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, que prevé penalizaciones para quienes obstruyan la labor de inspección o no cumplan con la entrega oportuna de datos.
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“La Supersalud advierte que desatender este requerimiento constituye una infracción administrativa sancionable, conforme al artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, que contempla sanciones por no reportar información con la calidad y oportunidad debidas, por obstruir las funciones de inspección, vigilancia y control, y por incumplir las órdenes impartidas por esta autoridad”, se lee en el comunicado.
La falta de divulgación de la información financiera afecta directamente la capacidad del ente de control para vigilar la solvencia y la gestión administrativa de la EPS. Esto impide, además, verificar si se están ejecutando las acciones correctivas ordenadas durante la intervención.
Impacto sobre los usuarios y el sistema de salud
La situación de Nueva EPS ha repercutido en la interrupción de servicios para los afiliados, consecuencia de las deudas que mantiene con prestadores y proveedores de salud.
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El organismo regulador considera que solo con la publicación de los estados financieros consolidados será posible conocer la verdadera magnitud de la cartera y la liquidez de la entidad, lo que permitirá tomar decisiones informadas sobre su futuro.
“Estos estados financieros consolidados permitirán establecer las cifras ciertas sobre su liquidez, sus deudas y su solvencia, y constituirán la base sobre la cual el próximo gobierno recibirá y deberá dar continuidad a la administración de la entidad. Se trata, por tanto, de garantizar una transición ordenada y transparente, con información verificable y no con estimaciones”, señaló la Superintendencia.
De acuerdo con la Superintendencia, el objetivo de exigir estos reportes es garantizar una transición ordenada y transparente para la administración entrante, apoyada en cifras verificables y no en simples estimaciones.
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