Una denuncia por ataque armado y amenazas de despojo contra una familia beneficiaria de la Agencia Nacional de Tierras en la vereda Nare, zona rural de Puerto López, Meta, movilizó la atención de la Policía, el Gaula Militar y la Armada.
De acuerdo con la denuncia inicial del ciudadano y activista Carlos Acero, el caso se investiga como lesiones y daños materiales contra una familia beneficiaria de tierras en la zona rural de Puerto López.
Según pudo conocer Infoabe Colombia, extraoficialmente, estos hechos fueron atendidos por las Fuerzas Armadas colombianas. Sin embargo, a corte de la publicación de esta nota, seguimos a la espera de un comunicado oficial.
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“El día de ayer, 24 de junio, campesinos del municipio de Puerto López, quienes fueron sujetos de adjudicación de tierras en el marco de la reforma agraria, fueron torturados, lastimados y amenazados para que abandonen las tierras. Sabemos que en muchos otros territorios de Colombia están amenazando a nuestros campesinos para que abandonen las tierras de la reforma agraria, tierras que fueron recuperadas de mafias, de paramilitares, de grupos armados”, afirmó Acero.
Los hechos ocurrieron el 24 de junio en la finca La Primavera, donde irrumpieron cuatro hombres armados, y las víctimas reciben atención en el hospital municipal.
Según el presunto reporte inicial de las autoridades citado por El Tiempo, las víctimas son José Braulio González Melo, Fabio Andrés Rey Rey, Fidelina Roa Córdoba, Rosalba Córdoba Vega y una menor de catorce años.
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El informe indica que sufrieron múltiples lesiones físicas causadas con objetos contundentes, entre ellos machetes y palos.
“Los campesinos no tienen nada que ver con este conflicto. Ellos accedieron a tierras en el marco de una reforma agraria que nace de un proceso de paz del 2016. Debido a las falsas narrativas que se difunden en redes sociales y en la misma gente, los campesinos que accedieron a tierras no son petristas, no son de izquierda. Queremos que se respete la vida de los campesinos y por eso queremos hacer extensivo el video de Santiago Torres, donde denuncia lo que ocurrió ayer”, explicó el activista.
La denuncia también menciona posibles hechos de tortura y amenazas de despojo por parte de actores armados. La clasificación inicial de las autoridades se concentra en lesiones y daños materiales contra esa familia.
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Cómo ocurrió la incursión armada y qué daños denunciaron
De acuerdo con testimonios recogidos por la fuerza pública, a la finca La Primavera llegó un hombre a caballo con un arma de fuego.
Esa persona les dijo que iba de parte del “señor Salomón”, el poseedor del predio, y que debían abandonarlo. Después irrumpieron cuatro hombres armados en el predio, según la reconstrucción citada por El Tiempo.
Las autoridades agregaron que los agresores quemaron pertenencias de la familia, entre ellas ropa, enseres, una planta eléctrica y dos motocicletas.
Líderes sociales de la región, como Carlos Acero y Santiago Torres, además del medio local Decibeles FM, expresaron su rechazo por lo ocurrido. Las imágenes difundidas muestran golpes en varias partes del cuerpo de las víctimas, que reciben atención médica en el hospital municipal de Puerto López.
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El vínculo del ataque con la reciente entrega de tierras en Meta
La familia fue reconocida oficialmente como beneficiaria de tierras el 28 de mayo por la Agencia Nacional de Tierras. Todos sus integrantes pertenecen a la Asociación Regional de Víctimas del Conflicto Social y Población Desmovilizada para la Producción Agropecuaria (Asoregvic).
Según el periódico, Asoregvica ha sido reconocida por la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas como una agrupación de víctimas con vocación de paz. El texto también la presenta como una organización que ha acogido a víctimas de desplazamiento forzado.
La Agencia consideró beneficiaria a Asoregvica dentro de una macroentrega de 12.643 hectáreas en Meta, presentada públicamente por el presidente Petro el 18 de junio.
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En esa entrega fueron reconocidas 464 familias del departamento, entre ellas la familia que denunció la agresión. Acero relacionó el caso con el acceso a tierras derivado de una reforma agraria que, según dijo a El Tiempo, nace en el proceso de paz de 2016.