A menos de dos meses para que Abelardo de la Espriella asuma la Presidencia de Colombia, uno de sus hombres más cercanos anticipó que el nuevo gobierno denunciará ante la justicia a funcionarios de la administración de Gustavo Petro si se comprueba que mantuvieron alianzas con organizaciones criminales o actuaron por fuera de la ley. Una línea que, además, incluye el fin de la política de Paz Total y un plazo de 30 días para que los grupos armados se sometan.
La definición fue expuesta por Germán Calderón España, abogado de la campaña del presidente electo, durante una entrevista con La FM en la que sostuvo que, vencido ese plazo, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional usarán todas las herramientas legales para enfrentar a quienes sigan en la ilegalidad.
Calderón fue consultado por el alcance de un mensaje que De la Espriella había lanzado durante la ceremonia de entrega de credenciales, cuando aseguró que en su gobierno “no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables” para los grupos armados ilegales y cuestionó la presunta connivencia del gobierno saliente con organizaciones criminales.
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Según el abogado, esas palabras no deben leerse como una declaración partidista, sino como la posición que asumirá el presidente electo una vez ejerza la jefatura de Estado. En ese punto, afirmó: “Yo estoy seguro que ayer no hubo mensajes políticos. Los mensajes, vuelvo e insisto, son de un jefe de Estado que representa la autoridad, porque el primer elemento que se va a reivindicar en este país es la autoridad. La autoridad, como consecuencia, trae la seguridad”.
El nuevo gobierno anticipa denuncias si hubo alianzas por fuera de la ley
La respuesta más directa sobre una eventual ofensiva judicial contra integrantes del actual gobierno fue que cualquier conducta ajena al marco legal será llevada ante las autoridades competentes para que determinen responsabilidades. La tesis del equipo del presidente electo es que la investigación y la sanción no serán una decisión política del Ejecutivo, sino una tarea de la justicia.
En ese sentido, Calderón dijo en el mismo diálogo que “los miembros de este gobierno que hayan participado, que hayan, como lo dijo él, estado en connivencia, es decir, en permanente y congruente alianza por fuera de la ley, todo lo que esté por fuera de la ley va a ser denunciado y las autoridades tendrán que investigar y sancionar”.
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El togado insistió en que será la justicia la que establezca si hubo delitos. También señaló que lo que no encaje en el marco legal ni en el Código Penal no puede convertirse en una vía para que responsables de eventuales hechos ilícitos eludan consecuencias.
“Lo que no se encuentra dentro del marco legal, lo que no se encuentra dentro del Código Penal (...) va a ser una salida que van a tener para poder seguir haciendo de las suyas. Es la imposición de la autoridad, la imposición de la ley y la imposición del Código Penal a todas esas personas que incurrieron en presuntos delitos penales”, expuso Calderón España.
La política de Paz Total terminará y solo habrá beneficios previstos en la ley
Durante la entrevista, el abogado Calderón España reiteró que una de las promesas centrales del próximo gobierno será desmontar la política de Paz Total impulsada por Petro. Explicó que De la Espriella anunció que no continuará procesos de paz con grupos al margen de la ley, incluidos subversivos, narcotraficantes, terroristas y otras estructuras criminales.
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La fórmula que propone el nuevo Ejecutivo parte de una exigencia concreta: que esas organizaciones se sometan a la justicia, entreguen las armas y desarticulen sus estructuras dentro de los 30 días fijados por el presidente electo. Si eso no ocurre, el Estado desplegará su capacidad coercitiva para perseguirlas.
Calderón lo resumió así: “Hay que partir de una premisa mayor y es una de sus banderas de gobierno. El doctor Abelardo de la Espriella anunció que iba a acabar con todos los procesos de paz. No va a haber paz total, no va a haber ningún proceso de paz con grupos al margen de la ley, subversivos, narcotraficantes, terroristas o criminales de toda índole”.
Sobre la fase posterior al vencimiento del plazo, agregó que “va a haber una persecución incesante con todos los medios y herramientas idóneas y legales. Va a haber una lucha contra la criminalidad desde todo punto de vista en Colombia”.
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