Luego de que en la tarde-noche del martes 23 de junio varios medios de comunicación informaron sobre la llegada de varios vehículos con cerca de 500 indígenas Misak que se agolparon alrededor de la sede de la Agencia Nacional de Tierras, en Bogotá, con el objetivo de reclamar por lo que han señalado como el cumplimiento de acuerdos con el Gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, sobre el acceso a tierras, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) reaccionó a este anuncio.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, el Cric calificó la situación como preocupante por “la circulación de información inexacta en algunos medios y plataformas digitales para relacionarnos con una supuesta movilización masiva hacia Bogotá tras las elecciones del 21 de junio de 2026”.
En esos comicios, el ganador fue el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, que superó a Iván Cepeda.
“Algunos medios de comunicación utilizan imágenes y simbologías de nuestra organización para ilustrar noticias sobre una masiva movilización de integrantes de la Minga indígena”, detalla el documento.
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Por esta razón, el Cric aclaró en el comunicado a la opinión pública que desde el Consejo no se ha “convocado, organizado ni informado sobre una movilización con las características descritas en dichas publicaciones”.
Por todo lo anterior, precisó la publicación, desde el Cric se rechazó “el uso de fotografías, emblemas y registros audiovisuales de nuestra organización para respaldar informaciones que no han sido verificadas con nuestras autoridades y estructuras organizativas”, añade el documento.
En la parte final del mensaje oficial se hizo un llamad a “los medios de comunicación, periodistas y administradores de plataformas digitales para que ejerzan su labor con responsabilidad ética, verificando las fuentes y confirmando la información antes de publicar contenidos relacionados con los pueblos indígenas y sus organizaciones”.
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Por último, y como un consejo a la ciudadanía se invitó a “consultar únicamente nuestros canales oficiales para revisar la información relacionada con el CRIC y sus procesos organizativos”.
Luis Tunubalá, gobernador del resguardo guambiano de La Bonanza, señaló en diálogo con Citynoticias de la 8 los motivos por los cuáles se movilizaron los indígenas en un total de 23 vehículos desde los municipios de Morales y Piendamó, en el departamento del Cauca.
“Primero, en formalización de nuestros territorios de los pueblos indígenas; segundo, en compra, que nos hemos sentado a dialogar con el Gobierno, siempre hemos pacíficamente negociado acá, hemos tenido visitas en nuestros territorios”, argumentó Tunubalá.
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Por tal motivo, el líder indígena precisó que “hay compromisos que no se han cumplido, pero ya va terminando la ley de garantías”, y complemento estas acciones con mesas técnicas que se llevaron a cabo, pero que según el mismo Tunubalá, no dieron “resultados”.
“Al ver que el gobierno Petro está a puertas de terminar su gobierno, el pueblo nos exige a nuestras autoridades para que movilicemos acá”, añadió en las declaraciones el mandatario local.
La Alcaldía desplegó equipos de diálogo y asuntos étnicos para recibir a la caravana
La respuesta oficial desde la Alcaldía Mayor de Bogotá consistió en acompañar la entrada de la delegación y gestionar su permanencia temporal en la ciudad.
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El secretario de Gobierno de la ciudad, Gustavo Quintero, señaló que el Distrito siguió el recorrido para anticipar la llegada y organizar la atención institucional.
El secretario indicó que los gestores del Distrito continúan atentos al ingreso y al arribo final del grupo, mientras equipos institucionales fueron ubicados en puntos estratégicos de la capital.
La Alcaldía también anunció la presencia de equipos de Diálogo, Derechos Humanos y Asuntos Étnicos. La meta, según la administración distrital, es mediar, garantizar atención institucional y sostener canales de interlocución con los representantes indígenas para evitar incidentes durante su estadía y evitar alteraciones en los principales corredor de la capital.
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Ese despliegue ocurre en una jornada que, de acuerdo con Quintero, exige articulación entre varias autoridades públicas, incluidas la Nación, la Policía, el Ministerio Público y la Alcaldía.