La adjudicación del contrato de seguridad en la Cancillería de Colombia quedó bajo cuestionamiento por un negocio de $4.499 millones con Skynet, destinado a instalar un sistema de control de acceso, en medio de señalamientos sobre una entrega aparentemente directa y un pago total pese a fallas en el cumplimiento.
Las dudas sobre el contrato interadministrativo 790 de 2025 se centran en cuatro puntos: el uso de una figura que, según conoció Semana, evitó una licitación; una invitación a cotizar de solo dos días pese a la existencia de más de 1.050 posibles proveedores; vacíos en la cronología documental; y la certificación de cumplimiento con pago del 100% el 15 de diciembre, aunque fuentes de la propia Cancillería citadas por la revista sostienen que el sistema seguía con funcionamiento deficiente.
El contrato fue suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Skynet para la adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento de un sistema de control de acceso en las instalaciones de la Cancillería.
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Según el medio mencionado, se recurrió a un contrato interadministrativo; es decir, con una empresa con participación estatal, pese al monto del negocio y a la oferta disponible en el mercado.
La revista situó este caso dentro de otras controversias de contratación en la Cancillería durante el Gobierno de Gustavo Petro.
En este expediente, el foco está en la sospecha de que esa vía contractual se usó para evitar un proceso de licitación.
¿Cómo se estructuró la adjudicación del contrato?
Según el estudio de mercado citado por Semana, había más de 1.050 posibles proveedores para este tipo de servicio. Se invitó a otros 89 a presentar cotización.
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Pese a eso, la ventana para recibir ofertas fue de solo dos días, entre el 11 y el 13 de noviembre.
Ese mismo 13 de noviembre, de acuerdo con la documentación conocida por la revista, apareció la orden directa de contratación con Skynet.
En ese documento figura la firma de Manuel Alejandro López Rozo, director administrativo y financiero. Según lo mencionado por el medio citado, allí ya constaba de forma directa la contratación de esa empresa.
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Las inconsistencias documentales del proceso
La recomendación de no abrir una licitación y acudir a un contrato interadministrativo se atribuyó al Comité Asesor de Contratación No. 30, del 14 de noviembre.
Esa acta, según la revista, no aparece. La ausencia de ese soporte importa porque esa recomendación definió la forma en que se entregó el contrato.
En los documentos revisados y difundidos por Semana también aparecen las firmas de Elvira de las Mercedes Sanabria, secretaria general y representante legal del Fondo Rotatorio; Felipe Alfonso Muñoz, abogado de Secretaría General; y Edilma Rojas, coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos.
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Según la revista, ninguno advirtió que había más oferentes. La cronología también abrió otro frente de dudas. Aunque los estudios previos tienen fecha del 14 de noviembre, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 326925 quedó fechado el 20 de noviembre.
El pago total, pese a dudas sobre la instalación
La ejecución del contrato tampoco quedó al margen de los cuestionamientos.
No se trataba solo de comprar equipos, sino de entregarlos e instalarlos con un funcionamiento del 100%, pero fuentes de la Cancillería citadas por Semana sostienen que el sistema seguía con funcionamiento deficiente.
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El contrato preveía el pago total a Skynet contra cumplimiento a satisfacción. Pese a ello, el desembolso del 100% se hizo con una certificación firmada por López Rozo el 15 de diciembre.
Esa certificación contrasta,con imágenes que muestran que ese mismo día la instalación apenas estaba en curso.
Al final de su publicación, la revista indicó que la Cancillería recibió preguntas a través de su oficina de comunicaciones, pero no había entregado respuesta al cierre del artículo.
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