El 13 de agosto de 1999 se registró el asesinato de Jaime Garzón, crimen que hasta la fecha sigue sin ser esclarecido por la justicia colombiana, lo que genera indignación, principalmente en los familiares del bogotano.
Aunque se afirma que la orden fue dada por Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), investigaciones adelantadas sobre el caso afirman que el paramilitar fue condicionado por terceros; además, no se tiene claridad sobre cómo se ejecutó el plan para terminar con la vida del comunicador y comediante.
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Una de las condenas en el caso fue contra José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS y al que la justicia acusó de convencer al exjefe paramilitar Carlos Castaño de cometer el crimen, argumentando falsamente que Garzón era un objetivo militar. La familia de Garzón ha solicitado en varias ocasiones que sean desclasificados archivos del DAS en los que sea mencionado el comediante, que era una de las figuras públicas más relevantes a finales de los 90.
Gobierno nacional entregará archivos del DAS sobre Jaime Garzón y un líder social
El 18 de junio, El Tiempo informó que el Gobierno nacional entregará archivos desclasificados del DAS a la familia de Jaime Garzón y del defensor de derechos humanos Pedro Julio Movilla.
La ceremonia estaba programada para el 19 de junio y se iba a realizar frente a la Casa de Nariño, pero por la agenda del presidente Gustavo Petro fue aplazada y la próxima semana se confirmará la nueva fecha.
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Cabe recordar que, en octubre de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por las violaciones cometidas contra varios colectivos, lo que incluyó espionaje arbitrario contra varias personas entre 1990 y 2005, y la desclasificación de los archivos del DAS fue una de las sanciones ordenadas.
El objetivo de la entrega es que se pueda garantizar el acceso efectivo de quienes soliciten información o datos sobre las violaciones registradas y de esa forma se puedan rectificar, cancelar o eliminar los datos incongruentes o que fueron difundidos.
La sentencia afirma que las entidades del Estado violaron los derechos de varios vinculados al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, a los que siguieron, interceptaron y les recopilaron información personal cuando ejercían labores de representación de víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.
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Varios funcionarios ayudaron a estigmatizar la imagen de los integrantes del colectivo, a los que señalaron como integrantes de grupos guerrilleros, lo que aumentó el riesgo de que pudieran ser violentados, como ocurrió en el caso de Jaime Garzón y del líder social Pedro Julio Movilla.
La condena contra el Estado colombiano es porque durante varios años se registraron denuncias por hechos de violencia, intimidación y hostigamientos protagonizados por funcionarios del DAS, pero la justicia ordinaria y los gobiernos de turno no priorizaron a las víctimas y permitieron con su omisión que se mantuviera la impunidad en la mayoría de casos.
Por ejemplo, la familia de Jaime Garzón lleva 26 años exigiendo saber más información sobre el crimen del humorista y cómo el DAS, además de José Miguel Narváez, pudo haber influido en su asesinato.
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En el caso de Pedro Julio Movilla, dirigente sindical y militante del Partido Comunista de Colombia, fue víctima de seguimientos y hostigamientos por organismos de seguridad antes de su desaparición. El 13 de mayo de 1993, salió de su casa en Bogotá y testigos reportaron la presencia de hombres encapuchados y vehículos sospechosos. Desde entonces, no se volvió a saber de él. Tras más de 30 años, su paradero sigue desconocido.
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