Víctor Mosquera, abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay, solicitó ante la justicia que se lleve a juicio a Helder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, por su papel en el atentado que acabó con la vida del senador.
Mosquera se opuso de manera frontal al preacuerdo presentado por la Fiscalía General de la Nación, que reduciría considerablemente la pena para quien considera una figura central dentro de la estructura criminal responsable del asesinato. Esta posición fue expuesta en declaraciones a Caracol Radio, durante el homenaje realizado en Bogotá al cumplirse un año del ataque.
El 7 de junio, la capital colombiana fue escenario de dos actos conmemorativos en honor a Miguel Uribe Turbay, político y precandidato presidencial, que resultó gravemente herido por disparos en el barrio Modelia durante un evento de campaña. Tras permanecer hospitalizado durante más de dos meses, Uribe falleció el 11 de agosto de 2025, hecho que generó conmoción nacional y reavivó el debate sobre la seguridad de los dirigentes políticos en Colombia.
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Avances y deudas en la investigación
De acuerdo con las declaraciones de Mosquera, la investigación permitió identificar a varios presuntos responsables y obtener órdenes de captura nacionales e internacionales contra miembros de la Segunda Marquetalia, organización armada ilegal señalada como responsable de planear y ejecutar el atentado.
El 5 de junio, la Fiscalía solicitó ante un juez la declaratoria de ausencia de varios integrantes de este grupo, entre los que figuran “Iván Márquez”, “John 40”, “Rusbel”, “Enrique Marulanda”, “Gonzalo”, “Yako” y “Zarco Aldinever”.
Mosquera reconoció, en declaraciones recogidas por el medio citado, que la familia valora estos avances, pero insiste en que la principal deuda sigue siendo esclarecer quién ordenó el crimen y si existieron fallas estatales en el esquema de protección.
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“Fue un hecho trágico para el país. Colombia se conmovió y hoy seguimos esperando respuestas. Hemos trabajado de manera conjunta con la Fiscalía para llegar a los responsables materiales y a quienes determinaron este crimen”, afirmó el abogado.
La familia sostiene que el caso no estará completamente esclarecido mientras no se conozcan la identidad de los autores intelectuales, las motivaciones y la forma en que se articuló toda la estructura criminal.
El debate sobre alias el Costeño
Uno de los puntos más polémicos para la familia Uribe Turbay es la situación procesal de Helder José Arteaga Hernández, “el Costeño’, considerado por los investigadores como pieza clave en la organización del atentado. La Fiscalía presentó un preacuerdo que reduciría su condena a cerca de 26 años de prisión, opción que fue rechazada por la familia.
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Mosquera anunció que el 17 de junio presentará sus argumentos ante un juez para impedir que se avale el acuerdo. “Estamos reclamando que alias el Costeño sea llevado a juicio y no a un preacuerdo. Queremos que responda por sus crímenes con una condena entre 55 y 60 años y no con una pena cercana a los 26 años”, explicó el abogado, según Caracol Radio.
La familia argumenta que la evidencia judicial, compuesta por más de 175 elementos materiales probatorios, demuestra que Arteaga Hernández tuvo la oportunidad de abstenerse y decidió continuar con la ejecución del plan.
Mosquera también subrayó que “el Costeño’ no ha colaborado con las autoridades ni ha aportado información que permita avanzar en la identificación de los autores intelectuales. “Alias el Costeño no aporta verdad. No está entregando hechos nuevos ni contribuyendo al esclarecimiento de lo ocurrido”, sostuvo.
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En contraste, la familia respaldó los beneficios judiciales otorgados a “el Viejo”, otro de los procesados, que sí colaboró eficazmente con las autoridades y permitió abrir nuevas líneas de investigación contra estructuras de la Segunda Marquetalia.
Interrogantes sobre la protección estatal
Más allá de la identificación de los responsables, otra de las preocupaciones centrales de la familia es determinar si existieron fallas institucionales que facilitaron el atentado. Mosquera denunció que Miguel Uribe había solicitado en varias ocasiones el refuerzo de su esquema de seguridad debido a su condición de precandidato presidencial y figura opositora al gobierno de Gustavo Petro.
“El día del atentado no tenía la capacidad de protección necesaria para repeler un ataque de esa magnitud”, señaló Mosquera, que cuestionó las decisiones internas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) respecto a los niveles de protección asignados.
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La familia busca establecer por qué no se autorizó un esquema más robusto, con mayor personal de seguridad, vehículos de apoyo y medidas adicionales para el entonces senador y su entorno familiar.
Un caso emblemático para la seguridad política
El asesinato de Miguel Uribe Turbay impactó el panorama político colombiano en un momento clave, ya que era una de las principales figuras del Centro Democrático y se encontraba en plena campaña presidencial. El crimen reavivó el debate sobre la violencia política y la necesidad de fortalecer los sistemas de protección a candidatos y líderes opositores.
Para la familia, el caso trasciende la justicia personal y representa la oportunidad de sentar precedentes que impidan hechos similares en el futuro. “Lo que esperamos es que antes de otro año podamos llegar a los determinadores, a los instigadores y a quienes dieron la orden”, concluyó Víctor Mosquera.
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