Según información obtenida por El Tiempo, el brigadier general retirado Francisco José Ardila Uribe reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que durante su comandancia de la Séptima Brigada del Ejército, entre 2006 y 2007, no ejerció los controles necesarios para evitar la comisión de asesinatos y desapariciones forzadas que posteriormente fueron reportados como bajas legítimas en combate.
El oficial retirado admitió que ignoró señales de alerta sobre posibles irregularidades dentro de las unidades bajo su mando y reconoció que las omisiones en materia de supervisión facilitaron la consolidación de prácticas criminales que hoy hacen parte de las investigaciones por falsos positivos en el departamento del Meta. Sus declaraciones fueron entregadas durante una audiencia ante la JEP y las víctimas acreditadas dentro del Caso 03.
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Según información obtenida por El Tiempo, Ardila Uribe tuvo bajo su jurisdicción al Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas y al Gaula Meta. Durante su intervención reconoció que no otorgó la importancia necesaria a los informes operacionales ni a las advertencias realizadas por organizaciones defensoras de derechos humanos sobre posibles irregularidades en los resultados militares reportados por esas unidades.
El excomandante manifestó que tampoco ejerció controles eficaces sobre aspectos fundamentales relacionados con inteligencia militar, operaciones y documentación. Además, admitió que no realizó un seguimiento detallado a las investigaciones internas que se adelantaban frente a denuncias de posibles abusos.
Reconocimiento de una práctica sistemática
Durante la audiencia, Ardila Uribe afirmó que esas omisiones permitieron que se consolidaran prácticas criminales sistemáticas dentro de las unidades bajo su mando. El oficial señaló que no cuestionó oportunamente informes operacionales que posteriormente se comprobó contenían información falsa sobre supuestos enfrentamientos armados.
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Según explicó, la falta de control facilitó que militares subordinados ejecutaran acciones ilegales que terminaron con el asesinato de civiles presentados posteriormente como integrantes de grupos armados dados de baja en combate.
El general retirado aceptó que las unidades bajo su responsabilidad estuvieron involucradas en dos de los tres patrones macrocriminales identificados por la JEP dentro del Caso 03. Estos corresponden a asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como resultados operacionales exitosos y a hechos relacionados con actividades desarrolladas por el Gaula Meta.
Asimismo, reconoció la existencia de mecanismos de planeación, ejecución y encubrimiento que permitieron reportar como operaciones legítimas hechos que realmente correspondían a graves violaciones de derechos humanos.
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Sistema de incentivos y cultura del conteo de cuerpos
Uno de los aspectos más relevantes de su declaración estuvo relacionado con el sistema de evaluación de resultados operacionales vigente en el Ejército durante esos años. Ardila reconoció que dicho esquema, impulsado desde altos niveles de la institución, contribuyó a la comisión de estos crímenes.
El oficial afirmó que el modelo de incentivos basado en permisos especiales, felicitaciones, condecoraciones y viajes al exterior favoreció una cultura institucional que priorizaba las muertes en combate por encima de otros resultados militares como capturas o desmovilizaciones.
Según relató, las unidades eran medidas y clasificadas de acuerdo con la cantidad de bajas reportadas, situación que generó presiones para alcanzar metas operacionales establecidas por los mandos superiores.
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Ardila también aseguró que dentro de la Cuarta División del Ejército, de la cual dependía la Séptima Brigada, se fijaban objetivos centrados principalmente en el número de muertes en combate. Esas metas, explicó, eran trasladadas posteriormente a los batallones subordinados para garantizar su cumplimiento.
De acuerdo con su testimonio, este sistema contribuyó a fortalecer una cultura institucional basada en el conteo de cuerpos y terminó incentivando comportamientos criminales dentro de algunas unidades militares.
Al finalizar su intervención, el oficial retirado reconoció su responsabilidad por no ejercer adecuadamente las funciones de mando, control operacional y disciplina que le correspondían como comandante de la Séptima Brigada. También admitió que esas fallas permitieron la comisión de operaciones ilegales en las que personas inocentes fueron asesinadas y posteriormente presentadas como bajas en combate.
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La audiencia hace parte del proceso mediante el cual 27 exintegrantes del Ejército han reconocido su responsabilidad por 209 falsos positivos y 69 desapariciones forzadas ocurridas en el Meta, uno de los capítulos más graves investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del conflicto armado colombiano.
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