Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

En la primera audiencia de reconocimiento de verdad en la que dos generales y 25 militares del Ejército Nacional reconocieron su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”, registrados en el Meta, los exuniformados hablaron de presiones de mandos superiores para entregar resultados como uno de los argumentos por los que decidieron ultimar a inocentes.

El 4 de junio esta diligencia continuó con la presentación de otros exmilitares sobre su responsabilidad y participación en los hechos del caso 03.

La diligencia comenzó con la intervención de familiares de víctimas, que resaltaron que es una prioridad que se reconozca públicamente que sus seres queridos no eran guerrilleros.

“Debe quedar claro que nuestros seres queridos no fueron asesinados por pertenecer a grupos armados. La verdad también está en la forma como se nombran los hechos. Para las familias es fundamental que el buen nombre de nuestros seres queridos quede limpio para siempre”, dijo Gloria Eugenia Gómez Caicedo a los comparecientes de la fuerza pública.

Los magistrados recordaron que en las investigaciones se identificó un patrón con apoyo de paramilitares, lo que fue confirmado por uno de los comparecientes, el mayor (r) Alejandro Espitia, que reconoció haber sido parte de una alianza con las AUC.

“Se asesinaron civiles y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como muertos en combate. Hoy me avergüenzo y me arrepiento ante ustedes, ante el pueblo colombiano y ante mi familia”.

Ante los presentes, Espitia afirmó estar comprometido con entregar toda la información sobre estos hechos, aunque reconoció que esto no implicará que sea perdonado por los familiares de las víctimas.

“El perdón creo que no lo merezco porque ningún reconocimiento, ninguna palabra reparará el dolor tan grande que ocasioné a estas humildes familias campesinas. Perdí el rumbo de mis principios, mis valores y mi humildad. Las porté (las medallas que recibió) sin importar el dolor que causé a las familias. Saqué pecho porque éramos el batallón que más resultados mostraba, lo cual no era sino asesinatos de jóvenes inocentes”.

Espitia reconoció que en ningún momento comprobó que los jóvenes presentados como dados de baja fueran guerrilleros, o si en realidad se trataba de campesinos que tenían esposa e hijos. “Soy responsable de cada uno de los hechos que me imputa la JEP. No me siento orgulloso, pero sí muy arrepentido”.

Otra intervención que llamó la atención fue la del teniente (r) Sergio Carreño, que habló de cómo se normalizó el comportamiento de las unidades que presentaban a jóvenes como guerrilleros abatidos en combate.

“Poco a poco se fueron normalizando situaciones profundamente ilegales y contrarias a la vida y la dignidad humana. En medio de la presión por mostrar resultados, de los reportes operacionales y de la dinámica diaria de la guerra, se perdieron límites que nunca debieron cruzarse”.

El exuniformado reconoció que dejó de tener aprecio por la vida de los demás y que priorizó su bienestar personal en ese momento, lo que fue ratificado por el sargento (r) Edwin Londoño.

“Mientras las familias sufrían la pérdida de sus seres queridos, nosotros recibíamos reconocimientos por resultados que eran ilegítimos y criminales. Nosotros les arrebatamos la vida y causamos un daño irreparable a quienes los amaban”, fueron las palabras de Londoño.

Como parte del acto de perdón, los 27 exuniformados decidieron entregar las medallas y reconocimientos que les fueron entregados por sus “resultados” durante varios años.

El magistrado Alejandro Ramelli recordó que la investigación de la JEP evidenció que, producto de esos supuestos resultados, integrantes de esas unidades militares recibieron “permisos, días adicionales de descanso, felicitaciones públicas que quedaron consignadas en órdenes del día y en sus folios de vida, medallas y diplomas, planes vacacionales, postulaciones y comisiones al exterior”.

“Doy por entendido que esta medalla me fue otorgada por cometer asesinatos contra personas en estado de indefensión y no como la ley y la Constitución lo ordenan. Por eso, tomo la decisión de devolverla a ustedes, las víctimas”, dijo el compareciente Leonardy Alfonso Polo.

Como representante de las familias de las víctimas, Raquel Benavidez indicó que este tipo de procesos son importantes para que se deje de hablar como un mito sobre los “falsos positivos”.

“Como madres, nos duele profundamente que todavía haya personas que nieguen lo que sucedió. Por eso exigimos respeto por su memoria. Ellos no eran números ni estadísticas. Eran hijos con nombre, con historia, con familia, con una madre y un padre que los ama y los esperaban en casa con los brazos abiertos”.