En conversación con Infobae Colombia, la candidata presidencial y senadora del Centro Democrático Paloma Valencia entregó detalles sobre la política de seguridad que espera implementar en un eventual Gobierno. La aspirante de la derecha reconoce los resultados positivos alcanzados en la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que puso en marcha la política de “Seguridad Democrática”, y por eso espera aplicar nuevamente esa “mano dura” con los criminales.
Sin embargo, durante el Gobierno Uribe (2002-2010), y bajo la implementación de esa política, se presentaron varios casos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, que son investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El asesinato de civiles por parte de la fuerza pública para presentarlos como bajas de guerrilleros no es una práctica que surgió en la administración de Uribe Vélez, pero buena parte de los casos se documentaron en ese periodo, aunque la JEP fue clara en decir que el “conteo de cuerpos” no fue una “política de Estado”.
Valencia se pronunció al respecto: rechazó categóricamente la comisión de estos delitos. Asimismo, indicó que la Jurisdicción Especial para la Paz habría incidido en la falta de garantías de justicia para las víctimas.
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“Los falsos positivos, como los de Soacha, son una cosa espantosa y que esa gente se debió quedar en la cárcel y fue la JEP la que los liberó (...). Jamás el uribismo ha pedido que liberen a quienes mataron esos muchachos de Soacha, que los reclutaron y los mataron sabiendo que eran civiles. Nunca jamás debieron volver a ver la luz del día fuera de una cárcel. Son delitos de lesa humanidad que no tienen perdón ni de Dios”, precisó.
En todo caso, aseguró que su propuesta de seguridad parte de la idea de buscar que la fuerza pública sea civilista, que respete los derechos humanos y que, además, cuente con todo el entrenamiento y las capacidades para enfrentar a los integrantes de grupos armados y otros delincuentes que tienen a los ciudadanos inmersos en el terror.
“Vamos a cazarlos como a ratas y lo vamos a hacer en el marco de los derechos humanos y en el marco del derecho internacional humanitario”, indicó.
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Aprovechó para explicar que su iniciativa está orientada a impedir que la situación de orden público e inseguridad actuales continúen. A su juicio, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, falló en garantizar a la ciudadanía un país menos violento; pasó todo lo contrario, puesto que, según detalló, el homicidio, las masacres, los atentados y los secuestros volvieron a tener un repunte, y los jóvenes están siendo las principales víctimas.
Por eso, informó que, de ser elegida mandataria de Colombia, no permitirá que se siga aplicando la política de Paz Total. “Nuestra política de seguridad es la seguridad total y empieza por desbaratar la ‘Paz Total’ de Iván Cepeda, que ha llevado a este país a tener más de cuarenta mil homicidios, de los cuales veintiún mil son jóvenes (...). Nosotros vamos a imponer con autoridad nuevamente la seguridad”, dijo.
Parte de su iniciativa se enfoca en la justicia. Busca que los criminales capturados sean judicializados y condenados por los delitos cometidos, sin ningún tipo de contemplación. Sin embargo, esa tarea atañe también a la Rama Judicial y a las investigaciones que adelanten las autoridades.
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La extorsión: ¿cómo resolver la problemática?
Con respecto a la extorsión, una problemática de gravedad en el país, Valencia indicó que empezará por abordar el flagelo en Barranquilla y en Soledad (Atlántico). Pondrá en marcha una acción con las autoridades para que capturen a todos los presuntos extorsionistas que están afectando a la población, para lo cual requerirá de inteligencia e “imputaciones por línea de mando”.
“No vamos detrás del señor que extorsiona, sino detrás de la estructura que extorsiona. Vamos a sacar las cárceles de las ciudades para poder inhibir realmente la señal y que se apague la comunicación desde las cárceles”, detalló.
Además, en los casos de los reclusos que extorsionan desde las prisiones, buscará que sean nuevamente imputados con cargos y procesados por esos hechos. “Yo ni defiendo criminales ni les voy a dar prerrogativas en mi Gobierno”, aclaró.
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