La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a 11 presuntos integrantes de una red señalada de desviar más de $3.000 millones en subsidios estatales destinados a población vulnerable.
Los operativos se realizaron en Medellín, Barranquilla y Montería, luego de una investigación que se extendió por más de un año.
De acuerdo con las autoridades, la estructura criminal habría utilizado mecanismos de suplantación de identidad, manipulación de huellas dactilares y acceso ilegal a sistemas informáticos para apropiarse de recursos correspondientes a programas sociales del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
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El coronel Elver Vicente Alfonso, director de Investigación Criminal e Interpol, aseguró que el caso ya deja más de 334 víctimas identificadas en distintas regiones del país. Además, señaló que existen 49 denuncias penales y 69 quejas radicadas ante la red multiservicios relacionada con los pagos.
Según explicó la Policía Nacional, los recursos desviados provenían de programas como Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Unidad para las Víctimas, iniciativas dirigidas a personas en condición de vulnerabilidad económica y social.
La investigación permitió establecer que el principal mecanismo del fraude consistía en alterar los sistemas biométricos utilizados para validar la identidad de los beneficiarios legítimos.
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De acuerdo con las autoridades, los integrantes de la red ingresaban de manera ilegal al software diseñado para registrar huellas dactilares y sustituían los datos originales por los de otros miembros de la organización.
Después de modificar los registros biométricos, los presuntos responsables acudían a los puntos de pago haciéndose pasar por los verdaderos beneficiarios para retirar los subsidios.
Las autoridades sostienen que la red tenía una estructura organizada y funciones definidas para cada integrante. Alias Yeimar fue identificado por los investigadores como el supuesto cabecilla del grupo criminal.
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Según el expediente, dentro de la organización existían personas encargadas de reclutar colaboradores, falsificar documentos, realizar cobros y ejecutar las suplantaciones.
De acuerdo con la Policía Nacional, las operaciones ilícitas comenzaron en Medellín y otros municipios de Antioquia.
Posteriormente, la estructura habría extendido sus actividades hacia ciudades como Ibagué, Montería y Barranquilla, donde buscó ampliar su capacidad para acceder ilegalmente a plataformas informáticas y conseguir personas que facilitaran los retiros del dinero.
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El coronel Alfonso indicó que las pesquisas permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización desde 2023 hasta la actualidad. Las autoridades recopilaron pruebas documentales, análisis informáticos y seguimientos que, según la Dijín, fueron claves para identificar a los implicados y avanzar en su judicialización.
“Se pudo establecer que el dinero desviado correspondía a los subsidios de los programas estatales Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Unidad para las Víctimas, identificando más de 334 víctimas a nivel nacional, 49 denuncias penales y 69 quejas ante la red multiservicios”, afirmó el oficial.
El director de Investigación Criminal también señaló que las autoridades continúan con la búsqueda de otros posibles integrantes y colaboradores de la estructura, entre ellos funcionarios que habrían entregado información privilegiada para facilitar el fraude.
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Durante los allanamientos realizados en las tres ciudades, los investigadores incautaron nueve computadores, ocho teléfonos celulares y tres discos duros que serán sometidos a análisis forense para determinar el alcance de las operaciones ilegales y establecer posibles conexiones con otras personas.
Además, en los procedimientos fueron halladas máquinas laminadoras, lectores biométricos, lectores de códigos de barras y otros elementos que, según las autoridades, serían utilizados para la elaboración ilícita de cédulas de ciudadanía y la manipulación de sistemas de identificación.
La Fiscalía General de la Nación indicó que todo el material encontrado hace parte de las evidencias recopiladas dentro del proceso judicial. Los 11 capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, que legalizó las detenciones efectuadas por la Policía Judicial.
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