Colombia llega a la discusión presidencial con un frente fiscal deteriorado: el presupuesto de 2026 está desfinanciado y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) calcula que se requiere un ajuste mínimo de $32 billones para corregir las finanzas públicas, mientras las candidaturas de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López plantean recortes, cambios tributarios y estrategias de crecimiento para cerrar el faltante.
El diagnóstico de partida es común en casi todos los programas: el país tiene más deuda, un hueco fiscal más amplio de lo debido y un problema de gasto que obliga a decidir entre recortar, recaudar mejor o combinar ambas rutas, de acuerdo con el informe de abril de 2026 del Carf presentado ante el Congreso.
La diferencia aparece en la magnitud del ajuste. Según los programas de gobierno, De la Espriella propone un recorte de $70 billones en el corto plazo y Paloma Valencia plantea uno de $50 billones, mientras Fajardo y López hablan de contención, eficiencia y revisión del gasto, y Cepeda pone el acento en mejorar los ingresos tributarios y redistribuir la carga fiscal.
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Según el programa de Abelardo de la Espriella, su meta es ordenar las finanzas públicas con un recorte de $70 billones que permita que el gobierno gaste menos de lo que recauda, sin contar el pago de la deuda, y generar un ahorro anual equivalente al 3,1% del PIB.
De acuerdo con su programa, esa estrategia busca volver a cumplir la Regla Fiscal, la ley que fija topes al gasto y a la deuda anual del gobierno según sus ingresos y que está suspendida hasta 2028. También propone dar al Carf facultades para controlar el gasto del Estado y no limitar su papel a la emisión de informes.
Según el mismo documento, De la Espriella quiere reducir el tamaño del Estado a una cuarta parte mediante descentralización del gasto, fusión de entidades y menos empleo público. También plantea redistribuir mejor los vencimientos de la deuda para evitar concentraciones de pago.
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En materia tributaria, su programa propone modernizar la Dian con inteligencia artificial para reducir la evasión y simplificar la estructura impositiva con menores impuestos a las empresas. Esa línea se integra en una “gran revolución de desregulación” en la que, según su propuesta, por cada regulación nueva se eliminarían dos.
El programa de De la Espriella atribuye al impulso al empresariado una expansión de la economía, aunque las cifras allí son inconsistentes: el texto menciona un crecimiento anual que va del 3% al 7% del PIB.
Según el programa de Paloma Valencia, su propuesta también apunta a recuperar el cumplimiento de la Regla Fiscal, pero con un recorte de $50 billones. El ajuste saldría de reducir en 25% el gasto de funcionamiento y en 30% la contratación por prestación de servicios del Estado.
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Valencia plantea además bajar impuestos como renta a las empresas, patrimonio, sin precisar si aplicado a personas o compañías, y predial, de acuerdo con su programa. También propone eliminar trámites y requisitos para fomentar la actividad empresarial y refinanciar la deuda pública con cooperación internacional y crédito de largo plazo de organismos multilaterales.
En crecimiento, su programa fija la meta de llevar la economía al 5% anual del PIB apoyada en infraestructura, sector minero-energético y exportaciones. Según ese documento, las ventas externas crecerían en USD 10.000 millones y la inversión llegaría al 25% del PIB con estabilidad jurídica.
Según el programa de Iván Cepeda y la herramienta de propuestas de su campaña, presentará al Congreso una “ley de austeridad republicana”. Mientras se tramita, aplicaría medidas ejecutivas para controlar los gastos de funcionamiento, es decir, los costos corrientes del Estado como salarios, arriendos y servicios públicos.
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De acuerdo con esas propuestas, Cepeda también reduciría el salario del presidente y de los ministros y eliminaría gastos lujosos del gobierno. Su plan incluye invitar a todas las ramas del poder y entidades del Estado a revisar sus gastos y producir un informe público.
El núcleo de su estrategia fiscal está en los ingresos. Según su programa, buscará mejorar el recaudo, perseguir la evasión fiscal y consolidar un sistema tributario progresivo para que las personas con mayores ingresos paguen más que quienes tienen menos, con el objetivo de avanzar en una redistribución estructural de la riqueza junto con reformas sociales.
Para impulsar la economía, Cepeda propone concentrarse en la economía popular y campesina. Según su programa, plantea crear un fondo de microcrédito con tasas justas para llegar a 200 mil microempresas con préstamos de hasta $50 millones a 24 meses, además de construir vías terciarias y mantener los aumentos del salario mínimo.
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Según el programa de Sergio Fajardo, su prioridad es reducir el hueco fiscal con control al crecimiento del gasto y recuperación de la credibilidad de la política fiscal. Para eso propone recortar gastos duplicados, inversión sin resultados y gastos administrativos innecesarios, como sedes o vehículos, con respaldo de organismos multilaterales.
Fajardo también plantea subir progresivamente el precio de la gasolina y del Acpm para reducir la presión de ese frente sobre el endeudamiento estatal, de acuerdo con su programa. Sostiene además que esos ajustes liberarían recursos para infraestructura, proyectos productivos y desarrollo territorial, abaratarían la deuda y mejorarían la confianza de los mercados para facilitar bajas en las tasas.
Su programa añade dos herramientas de gestión: que cada peso público tenga trazabilidad y que el proceso presupuestal sea más transparente. También propone una ley para flexibilizar el gasto, aunque el documento no precisa en qué consistiría esa flexibilidad, y modernizar la Dian para combatir la evasión y revisar beneficios tributarios sin afectar la competitividad.
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Según el programa de Claudia López, su planteamiento es construir una política fiscal responsable que impida que el gasto crezca por encima de los ingresos. Para eso propone recortar burocracia y ganar eficiencia sin disminuir el gasto en programas sociales.
López plantea acordar políticas públicas y proyectos de desarrollo regional con el sector privado, los gremios empresariales y las comunidades. También propone fortalecer fuentes de ingresos no tributarios, como las utilidades que recibe el Estado de empresas como Ecopetrol.
De acuerdo con sus propuestas, si la inversión privada supera el 20% del PIB, por cada punto de crecimiento económico se podría reducir en dos puntos el impuesto de renta empresarial. Su programa también plantea un plan estable y predecible para reactivar la economía en los próximos cuatro años respetando la Regla Fiscal.
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La coincidencia central es que existe un problema de gasto y que debe corregirse con recortes o mayor eficiencia. Según un análisis realizado por el portal Economía para la Pipol, De la Espriella y Valencia se inclinan por ajustes más duros, Fajardo y López por revisiones más selectivas de lo que funciona y lo que no, y Cepeda por reforzar el recaudo y la progresividad tributaria.
La pregunta de fondo que dejan esos programas es cómo financiar las promesas sin agravar el desbalance fiscal. También se advirtió que reducir gasto, bajar impuestos y al mismo tiempo obtener más recursos exige precisar en qué se recortará, de dónde saldrá el dinero para nuevas políticas, cómo se elevarán los ingresos y cómo se preservarán los derechos, en reformas que además deben pasar por el Congreso.