Las imágenes grabadas por ciudadanos y difundidas en redes sociales encendieron una nueva polémica en Bucaramanga. Una mujer trans denunció haber sido víctima de una presunta agresión dentro del CAI del Parque Centenario, un caso que rápidamente provocó reacciones de colectivos sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos y habitantes de la ciudad que exigieron claridad sobre lo ocurrido.
El episodio comenzó a circular en redes sociales luego de que se conocieran varios videos en los que la mujer, dedicada a la actividad sexual remunerada, relató lo que supuestamente habría sucedido al interior de las instalaciones policiales. En las grabaciones también mostró algunas lesiones físicas que, según denunció, habrían sido ocasionadas durante un procedimiento adelantado por uniformados.
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Mientras las imágenes se multiplicaban en plataformas digitales, la presión pública aumentó sobre la Policía Metropolitana de Bucaramanga, institución que confirmó la apertura de una investigación interna para establecer si existió un uso excesivo de la fuerza y esclarecer las circunstancias alrededor del caso.
Hasta ahora, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre cómo ocurrió el procedimiento ni sobre las razones por las cuales la mujer fue trasladada hasta el CAI del Parque Centenario. Tampoco se conoce oficialmente la identidad del uniformado señalado en la denuncia.
Lo que sí confirmó la Policía es que ya existe una queja formal presentada ante la institución. El subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Héctor García, indicó que el proceso disciplinario ya se encuentra en marcha.
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“La Policía Nacional recibió una queja formal para adelantar las actuaciones investigativas correspondientes con el fin de verificar circunstancias de tiempo, modo y lugar relativas a este caso”, señaló el oficial.
La declaración, sin embargo, no despejó varias de las dudas que surgieron desde que se conoció la denuncia. La institución no explicó si el uniformado mencionado continuará prestando servicio mientras avanza la investigación, ni precisó cuánto tiempo podría tardar el proceso interno.
En Bucaramanga, el caso volvió a poner sobre la mesa las denuncias históricas de distintos sectores de la comunidad Lgbt+ sobre presuntos abusos, discriminación y malos tratos durante algunos procedimientos policiales. Aunque organizaciones sociales reconocen que existen avances en protocolos de atención diferencial, sostienen que todavía persisten situaciones de violencia y estigmatización, especialmente contra mujeres trans y trabajadoras sexuales.
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La indignación creció aún más porque el hecho habría ocurrido dentro de un CAI, un espacio que para muchos ciudadanos representa protección y seguridad. Para varios colectivos sociales, el caso resulta especialmente delicado porque involucra a una población históricamente vulnerable frente a agresiones y discriminación.
Tras conocerse la denuncia, diferentes organizaciones convocaron un plantón frente al CAI del Parque Centenario para la tarde del sábado 23 de mayo. La movilización buscó exigir transparencia en las investigaciones y pedir garantías para las personas trans en Bucaramanga. Los colectivos aseguraron que no se trata únicamente de esclarecer un caso puntual, sino de abrir una discusión más amplia sobre el trato institucional hacia las personas Lgbt+ en contextos de seguridad y convivencia ciudadana.
En redes sociales, cientos de usuarios también reaccionaron al caso. Mientras algunos pidieron esperar los resultados oficiales de la investigación antes de emitir conclusiones, otros cuestionaron el actuar policial y reclamaron sanciones ejemplares en caso de comprobarse la agresión.
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Las organizaciones convocantes insistieron en que las denuncias por presunto abuso policial no pueden terminar archivadas o dilatadas durante meses. Además, pidieron acompañamiento de entidades de control y organismos defensores de derechos humanos para garantizar imparcialidad en el proceso.
Por ahora, la investigación disciplinaria continúa en etapa preliminar. La Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que revisará los videos conocidos públicamente, así como los testimonios y elementos probatorios que puedan aportar claridad sobre lo sucedido dentro del CAI.
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