La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una nueva indagación previa contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022.
El caso hace referencia a unos audios que fueron atribuidos a Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, máximo cabecilla de La Inmaculada, en la que mencionaba haber financiado parte de esa aspiración del dirigente del Pacto Histórico.
“Se ordena la apertura de Indagación Previa en contra del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego, en su condición de Presidente de la República (...), con el fin de determinar la existencia de los hechos, si estos son constitutivos de ley penal o disciplinaria, y si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, se lee en el auto expedido por la corporación legislativa, citado por El Espectador.
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La diligencia tendrá un plazo inicial de seis meses y busca definir si los hechos descritos en los audios pueden constituir una falta penal o disciplinaria atribuible al jefe de Estado.
El auto también recoge que el hoy condenado y extraditado a Estados Unidos habría dicho que contaba con supuestas pruebas de los dineros entregados, entre ellas videos, audios y soportes de consignaciones.
“Señalan los audios publicados que presuntamente alias Pipe Tuluá contaría con supuestas pruebas de los dineros entregados, como videos, audios y soportes de consignaciones. Adicionalmente, se indica que alias ‘Pipe Tuluá’ también habría señalado que los dineros no solo se habrían destinado a la campaña presidencial, sino también a otros asuntos relacionados con la Dian y que esas pruebas serían entregadas a las autoridades de Estados Unidos”, se lee en el documento citado por el medio de comunicación.
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El proceso llegó a la Comisión a través de la Red de Veedurías de Colombia, después de revelaciones publicadas por Semana en las que Marín Silva afirmaría haber entregado dineros a la campaña de Petro.
La investigación estaba en manos de la representante Gloria Elena Arizabaleta, del Pacto Histórico, quien había solicitado un informe completo sobre la trayectoria de alias Pipe Tuluá y reclamó a Semana documentos que permitan esclarecer los hechos.
La congresista solicitó además un laboratorio forense sobre los audios para establecer “si el archivo presenta manipulaciones, modificaciones o recortes”.
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A eso se suma un requerimiento a la Fiscalía General de la Nación para que remita copias de actuaciones, investigaciones, noticias criminales, preacuerdos, condenas, solicitudes de extradición, informes de policía judicial y otros documentos relacionados con alias Pipe Tuluá, en especial los vinculados con La Inmaculada, financiación de actividades ilícitas, lavado de activos, narcotráfico, extorsión, concierto para delinquir, corrupción, pagos a terceros, vínculos con funcionarios públicos o contactos con campañas políticas.
¿Qué decía el audio de ‘Pipe Tuluá’?
El audio como tal fue revelado por la periodista y entonces candidata presidencial Vicky Dávila, horas después de la extradición de Andrés Felipe Marín Silva al país norteamericano, hecho ocurrido el 3 de febrero de 2026.
“Según alias ‘Pipe Tuluá’, él entregó dineros a la campaña de Gustavo Petro a través de Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente de la República”, indicó la comunicadora en una rueda de prensa.
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En esa grabación, revelada por la entonces aspirante presidencial, la voz atribuida a Pipe Tuluá dice: “Yo estoy acá, tranquilo, esperando a que tomen esa decisión” sobre su extradición, y agrega: “Si estamos hablando de comprar funcionarios, yo creo que lo primero que debe evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos”.
En la misma pieza, el líder de La Inmaculada también niega un señalamiento atribuido al presidente sobre supuestos sobornos a funcionarios y afirma que “eso es totalmente falso”.
Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, fue señalado como uno de los principales dinamizadores de extorsiones, homicidios y actos de terrorismo en el departamento del Valle del Cauca. En febrero de 2026, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico, tras ser requerido por una corte del Distrito Este de Texas.
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A falta de un mes para que finalice el periodo legislativo, la Comisión de Investigación y Acusaciones definirá si archiva las diligencias o si formaliza una investigación penal contra el presidente Gustavo Petro, que constantemente ha rechazado cualquier vinculación de grupos ilegales en su campaña presidencial.