La senadora Angélica Lozano acusó a la representante María Fernanda Carrascal de impedir el avance del proyecto de ley que buscaba regular los contratos de prestación de servicios en el Estado, luego de que se rompiera el quórum durante la sesión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
La discusión de la iniciativa estaba programada para las 9:00 de la mañana de este martes 20 de mayo. Sin embargo, el debate tuvo que levantarse después de que la salida de Carrascal dejara sin el número mínimo de congresistas requerido para continuar la sesión.
El proyecto, radicado en agosto de 2024, fue presentado por Lozano junto a congresistas de la Alianza Verde como Olga Lucía Velásquez, Wilmer Castellanos, Duvalier Sánchez, Carolina Giraldo y Cristian Avendaño. La propuesta ya había superado dos debates en el Senado y actualmente cursaba su tercer debate, el primero en la Cámara.
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El proyecto quedó en riesgo de hundimiento
La iniciativa debe completar su trámite antes del próximo 20 de junio para convertirse en ley. De lo contrario, se archivará por vencimiento de términos legislativos.
Durante la sesión, la Comisión Séptima contaba con la asistencia mínima de 11 representantes, número necesario para mantener el quórum decisorio. La salida de Carrascal provocó el levantamiento de la discusión y dejó en incertidumbre el futuro del proyecto.
Tras el cierre de la sesión, Lozano responsabilizó directamente a la representante del Pacto Histórico por lo ocurrido. “La representante María Fernanda Carrascal le jugó sucio a los contratistas de prestación de servicios”, afirmó la senadora.
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La congresista aseguró que el proyecto buscaba beneficiar a trabajadores que actualmente no cuentan con prestaciones como cesantías, primas, vacaciones o estabilidad laboral.
“Aquí los perjudicados no somos los contradictores políticos. Los perjudicados son un millón y medio de personas que trabajan sin cesantías, primas, vacaciones, remuneración y sin estabilidad”, señaló.
“Jodieron a los más jodidos”: el reclamo de Angélica Lozano
Durante su intervención en la Comisión Séptima, Lozano sostuvo que esta es la séptima vez que se presenta una iniciativa para regular los contratos de prestación de servicios en el Estado.
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La senadora afirmó que muchos contratistas deben asumir la totalidad de los pagos de seguridad social y, en algunos casos, endeudarse para poder cumplir con esos aportes.
“Siete veces hemos presentado un proyecto para darles garantías. Ellos no saben lo que son las cesantías, las vacaciones, las primas o la estabilidad”, expresó.
También aseguró que el retiro de Carrascal se produjo después de haber aceptado integrar la comisión de ponentes para construir acuerdos alrededor del articulado.
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“Jodieron a los más jodidos, a los contratistas de prestación de servicios”, dijo Lozano al referirse a la caída del quórum.
La congresista calificó el esquema actual de contratación como una forma de “esclavitud moderna” y afirmó que miles de trabajadores continúan prestando servicios sin garantías laborales básicas.
En otro de los apartes de su intervención, Lozano aseguró que algunos contratistas enfrentan situaciones complejas debido a la ausencia de estabilidad laboral.
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“La gente sale de una quimioterapia y tiene que ir a trabajar al otro día destruida, porque si suspende el contrato de servicios no come”, manifestó.
Las medidas que contemplaba el proyecto
El proyecto de ley proponía varias medidas orientadas a mejorar las condiciones de quienes trabajan mediante contratos de prestación de servicios en entidades públicas.
Entre los principales puntos estaban:
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- La creación de tablas de honorarios para equiparar los pagos de contratistas con funcionarios de planta que desempeñen funciones similares.
- El reconocimiento de 12 días hábiles de descanso anual, proporcionales al tiempo contratado.
- La obligación de las entidades públicas de asumir los exámenes médicos ocupacionales.
- El acceso voluntario a programas de bienestar, alimentación y transporte sin que esto implicara subordinación laboral.
- La expedición de certificaciones detalladas sobre funciones, duración y valor de los contratos.
- Líneas especiales de ahorro y crédito en el Fondo Nacional del Ahorro para educación y vivienda.
- La prohibición de fragmentar contratos para atender una misma necesidad dentro de una misma vigencia fiscal.
Según sus autores, la iniciativa buscaba establecer garantías mínimas mientras avanza la formalización laboral en el Estado.
Carrascal aseguró que el proyecto “legaliza el fraude laboral” y no combate el clientelismo
Por su parte, María Fernanda Carrascal rechazó los señalamientos de Lozano y defendió sus reparos al proyecto de ley, argumentando que la iniciativa, en su estado actual, no solucionaba los problemas estructurales de los contratos por prestación de servicios en el Estado.
Según la representante, el articulado no avanzaba hacia la formalización laboral ni fortalecía la carrera administrativa, sino que terminaba legitimando prácticas que, a su juicio, profundizan la precarización laboral en el sector público.
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“El Proyecto de Ley, en su estado actual, no saca de ninguna esclavitud clientelista a nadie, sino que la profundiza”, afirmó.
Carrascal sostuvo además que la propuesta “significaría una legitimación por parte del poder legislativo del fraude laboral contra millones de trabajadores del Estado” y cuestionó que el texto mantuviera que los contratos de prestación de servicios no constituyen una relación laboral.
La congresista también aseguró que la iniciativa no incluía herramientas efectivas para combatir el clientelismo en la contratación pública.
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“No disminuye el clientelismo: ningún artículo del proyecto permite avanzar ni un centímetro de manera efectiva contra la discrecionalidad en las OPS”, señaló.
Aunque manifestó disposición para participar en acuerdos que mejoren las condiciones de los contratistas, Carrascal reiteró que no acompañará una iniciativa que considera inconstitucional.
“Cuenten conmigo para construir un acuerdo alrededor de un proyecto que mejore las condiciones de los contratistas, pero no voy a acompañar un proyecto abiertamente inconstitucional, que legaliza por derecha el fraude laboral”, concluyó.