El Gobierno nacional actualizó el listado de medicamentos, tratamientos y procedimientos que dejarán de ser financiados por las EPS en Colombia durante 2026, en medio de la creciente crisis que enfrenta el sistema de salud del país.
La medida quedó establecida en la Resolución 695 de 2026 del Ministerio de Salud, documento que consolidó más de 100 exclusiones dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS).
La decisión se conoce en un momento de máxima tensión para hospitales, clínicas y usuarios, debido a los problemas financieros que atraviesan varias EPS y centros médicos del país.
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La actualización incluye medicamentos para la caída del cabello, tratamientos articulares, terapias alternativas y múltiples procedimientos estéticos que ya no serán entregados con recursos públicos.
Entre los medicamentos que quedaron excluidos aparece el minoxidil, utilizado principalmente para tratar la alopecia o caída del cabello. También fue retirada la diacereína, usada en algunos tratamientos contra la osteoartritis y enfermedades articulares, según información conocida por Revista Semana.
El Ministerio de Salud también mantuvo restricciones para ciertos medicamentos que solo podrán utilizarse bajo condiciones clínicas específicas y con criterios médicos determinados.
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Dentro de ese grupo aparecen combinaciones de acetaminofén con codeína o hidrocodona, algunos usos del diazepam y tratamientos con erlotinib cuando no exista una mutación específica diagnosticada.
La resolución además ratificó que las EPS no financiarán procedimientos con fines exclusivamente estéticos o cosméticos, salvo que exista una necesidad médica comprobada.
En la lista de exclusiones se encuentran procedimientos como liposucción, rinoplastia estética, lifting facial, mamoplastia de aumento, gluteoplastia, bichectomía y rejuvenecimiento vaginal.
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También quedaron por fuera diferentes intervenciones de modificación corporal realizadas únicamente con fines estéticos.
La medida igualmente afecta tratamientos de fertilidad como la fecundación in vitro y la inseminación artificial, procedimientos que desde hace varios años han generado discusiones dentro del sistema de salud colombiano.
Otra de las decisiones que más ha generado controversia es la exclusión de terapias alternativas que no cuentan con suficiente respaldo científico.
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Dentro de las prácticas que ya no serán cubiertas por las EPS aparecen la ozonoterapia, aromaterapia, delfinoterapia, psicomagia y otros tratamientos similares.
El documento también excluye productos considerados cosméticos o de uso personal, entre ellos cremas hidratantes, gel antibacterial, pañitos húmedos y algunos suplementos dietarios.
Según explicó el Ministerio de Salud, el objetivo principal de estas medidas es concentrar los recursos públicos en tratamientos prioritarios, tecnologías médicas con evidencia científica y procedimientos considerados esenciales para la vida de los pacientes.
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La actualización ocurre mientras distintas clínicas y hospitales advierten sobre una grave crisis financiera derivada de retrasos en pagos por parte de las EPS.
En Bogotá, varias instituciones médicas ya comenzaron a reducir servicios y capacidad hospitalaria debido a las dificultades económicas que enfrenta el sector salud.
Uno de los casos más críticos es el de la Clínica Juan N. Corpas, que recientemente confirmó que opera con solo cuatro camas UCI disponibles tras la renuncia de parte de su personal especializado.
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A eso se suma el cierre de varias sedes de la Clínica Medical y la suspensión de algunos servicios especializados, incluidos tratamientos oncológicos y procedimientos de alta complejidad.
El panorama ha generado preocupación entre pacientes y trabajadores del sistema de salud, quienes advierten que las restricciones financieras podrían seguir impactando la atención médica en diferentes regiones del país.
La Resolución 695 de 2026 se convierte así en una de las medidas más relevantes dentro de la discusión sobre la sostenibilidad del sistema de salud colombiano y el futuro de las EPS.
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Mientras tanto, sectores médicos y asociaciones de pacientes continúan alertando sobre el riesgo de nuevas limitaciones en el acceso a tratamientos y servicios especializados si la crisis financiera del sector continúa agravándose durante los próximos meses.