El secuestro de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y de miembros de la Policía Nacional en el departamento de Arauca continúa generando reacciones en distintos sectores políticos e institucionales.
El caso tomó un nuevo rumbo tras la divulgación de un comunicado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el que se informó sobre la realización de un supuesto “juicio revolucionario” contra los retenidos.
De acuerdo con el Frente de Guerra Oriental del ELN, los funcionarios Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del CTI, así como los uniformados Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, de la Dijín, habrían sido sometidos a un proceso interno del grupo armado que derivó en una condena de hasta cinco años. Los hechos se remontan al 8 de mayo de 2025, cuando los funcionarios fueron secuestrados en el municipio de Fortul, Arauca.
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Tras conocerse el anuncio del grupo armado, la candidata presidencial Claudia López difundió un video en el que expresó su postura frente a lo ocurrido. En su declaración, manifestó solidaridad con las familias de los secuestrados y cuestionó tanto al ELN como a sectores políticos.
“Mi solidaridad con las familias de los secuestrados en Arauca por parte del ELN y además con el cinismo de decir que les están haciendo un juicio. El ELN es una organización criminal. La que debería estar sometida en un juicio es el ELN y no nuestros servidores públicos”, afirmó.
En su intervención, López también relacionó el hecho con la política de “Paz Total” impulsada por el Gobierno nacional, señalando que lo ocurrido sería consecuencia de su implementación. Asimismo, dirigió un mensaje al senador Iván Cepeda en relación con declaraciones sobre la influencia de grupos armados en procesos electorales.
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“Iván, no seas cínico. Las organizaciones criminales están pidiendo votar por ti y por el Pacto Histórico. Esa es la consecuencia del fracaso de la ‘Paz Total’”, expresó la candidata en el mismo pronunciamiento.
El rechazo a las acciones del ELN también fue expresado por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación mediante un comunicado conjunto. En el documento, ambas entidades reiteraron el marco constitucional que rige la administración de justicia en Colombia: “Colombia es un Estado Social de Derecho, que se rige por la Constitución de 1991, cuyo mandato establece que son los jueces, las instituciones que integran la Rama Judicial y los organismos del Estado, los encargados de administrar justicia”.
Las instituciones hicieron énfasis en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas secuestradas y solicitaron su liberación sin condiciones. “El uso repetido de prácticas como el secuestro, prohibidas en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia”, indica el comunicado, en el que también se reconoce el trabajo de quienes mantienen activos canales humanitarios para facilitar la liberación de los retenidos.
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Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, se pronunció frente al anuncio del ELN y calificó la acción del grupo armado. “El ELN no es autoridad. No representa justicia. Es un cartel del narcotráfico”, afirmó el jefe de la cartera, quien también aseguró que no existe justificación para el secuestro.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, también se refirió a la situación y recordó que este tipo de acciones no modifica la naturaleza del delito.
Según explicó, el derecho internacional humanitario establece lineamientos claros frente a la privación de la libertad. “Este tipo de actuaciones no altera la naturaleza del delito” de secuestro, advirtió, al tiempo que reiteró que “la privación de la libertad debe cesar sin condiciones”.
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Cabe recordar que el departamento de Arauca ha sido uno de los territorios más afectados por el conflicto armado en Colombia. En esta región confluyen diferentes grupos ilegales, entre ellos el ELN y disidencias de las Farc, que mantienen disputas por el control de economías ilícitas y rutas del narcotráfico.
Las autoridades han señalado que este contexto ha incrementado los riesgos para la población civil y para los funcionarios del Estado que desarrollan labores en la zona. El caso de los funcionarios secuestrados se enmarca en estas dinámicas de violencia que persisten en el territorio.