Caminar por algunos sectores de Medellín se convirtió en una experiencia que mezcla la vida comercial de la ciudad con escenas cada vez más frecuentes de consumo de drogas en espacio público, habitantes de calle, mendicidad organizada y estructuras criminales que, según denuncias institucionales, siguen ejerciendo control territorial en zonas altamente transitadas.
El debate volvió con fuerza al Concejo de Medellín, donde varios cabildantes insistieron en que, pese a los operativos y jornadas de intervención adelantadas por la administración distrital durante el último año, persisten puntos críticos que siguen generando preocupación entre comerciantes, residentes y visitantes.
La discusión no es nueva, pero sí cada vez más urgente. Desde abril de 2025, concejales habían advertido sobre la necesidad de intervenir de manera estructural al menos 46 sectores identificados como “zonas rojas” en diferentes comunas de la capital antioqueña.
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Más de doce meses después, el balance, según algunos miembros del cabildo, está lejos de mostrar una reducción clara del deterioro social y de la criminalidad en esos espacios.
Las llamadas zonas rojas son áreas donde coinciden varios fenómenos al mismo tiempo, presencia constante de habitantes de calle, consumo abierto de sustancias psicoactivas, ocupación irregular del espacio público, explotación sexual, microtráfico, extorsión y hurtos.
En algunos casos, además, se suman redes de mendicidad instrumentalizada y economías ilegales que se adaptan rápidamente a cada intervención de las autoridades. De acuerdo con lo expuesto en las recientes sesiones del Concejo, la preocupación se mantiene especialmente en cuatro comunas de Medellín, donde se identificaron cerca de 50 puntos de alta complejidad social y de seguridad.
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Uno de los concejales que volvió a poner el tema sobre la mesa fue Andrés Rodríguez, que reconoció la disposición institucional de diferentes dependencias del Distrito, aunque aseguró que todavía no existen indicadores contundentes que demuestren que la situación esté cambiando de fondo. “El problema es que la administración no está demostrando que su presencia esté resolviendo el fenómeno. Está interviniendo, pero no prueba que las zonas dejen de ser zona roja. Está ejecutando acciones, pero no acredita que el deterioro se reduzca de manera sostenida”, indicó.
Sus declaraciones revivieron una conversación que toca no solo la seguridad, también el manejo social de una ciudad que en los últimos años ha intentado proyectarse internacionalmente como un destino turístico, empresarial y cultural. En el centro de Medellín se concentran algunos de los puntos más sensibles. Uno de ellos está ubicado en inmediaciones de la calle 56 con la Avenida Cúcuta, un sector históricamente conocido por muchos ciudadanos como el “Bronx”, donde el expendio y consumo de sustancias ilícitas continúa generando efectos en cadena sobre la convivencia, el comercio y la percepción de seguridad.
Allí, según concejales y líderes barriales, no solo hay presencia permanente de redes dedicadas al narcomenudeo. También se identificaron hurtos, explotación sexual, disputas territoriales y deterioro urbano que afecta directamente a quienes trabajan o transitan por la zona.
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Pero el problema no se limita al centro. Sectores turísticos como El Poblado, especialmente corredores reconocidos como Provenza y el Parque Lleras, también aparecen dentro de los mapas de riesgo presentados en el debate.
Según lo expuesto en la corporación, en estas zonas operan estructuras delincuenciales vinculadas al tráfico de estupefacientes, extorsión, hurto y explotación sexual. Entre los nombres mencionados en la discusión aparecen grupos como La Terraza y Caicedo, organizaciones señaladas históricamente por las autoridades por distintos delitos urbanos.
En el centro histórico, la radiografía es incluso más amplia. Lugares emblemáticos como el Parque de Bolívar, el Parque Botero y el Parque de Berrío también fueron mencionados durante el debate. En estos puntos, además del consumo de drogas y el hurto a personas y comercios, se denunciaron actividades relacionadas con estafas callejeras, explotación sexual y control territorial por parte de estructuras criminales.
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Otros sectores como Barbacoas siguen siendo foco de atención por economías ilegales que, según las denuncias expuestas en el Concejo, incluyen desde tráfico de estupefacientes hasta hurto y comercialización irregular de materiales como cobre. Mientras tanto, desde distintos sectores ciudadanos crece la presión para que la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá no limiten su estrategia a operativos temporales.