La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fijó en 7.837 las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, tras ampliar la revisión entre 1990 y 2016.
El nuevo cálculo, 22 % superior al de 2021, reavivó el debate sobre responsabilidades en uno de los episodios más graves del conflicto y provocó reacciones divididas en el ámbito político y judicial.
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En medio de la controversia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó públicamente a través de su cuenta en X, cuestionando la legitimidad del nuevo cálculo y señalando motivaciones políticas detrás de la actualización.
“Petro y Cepeda mienten cobardemente para tapar masacres del Cauca, el asesinato de Miguel Uribe y de más de 21,000 jóvenes en este gobierno, el secuestro y violación de más de 17,000 niños por Farc, el robo de combustible y la quiebra de Ecopetrol, y entonces me asignan falsos positivos, en 18 años, que no goberné”, afirmó el exmandatario en un mensaje que rápidamente generó reacciones en distintos sectores.
La actualización de la JEP modifica de manera sustancial los parámetros históricos del fenómeno. En 2021, el tribunal había establecido en 6.402 las víctimas entre 2002 y 2008, periodo que coincide en gran parte con la presidencia de Uribe.
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Sin embargo, el nuevo consolidado, elaborado por el Grupo de Análisis de la Información, integra bases de datos de la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y cerca de mil informes aportados por víctimas.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que el nuevo cálculo incorpora episodios previamente no documentados y advirtió que la cifra podría seguir aumentando a medida que avancen las investigaciones.
En esa misma línea, el magistrado Pedro Elías Díaz Romero subrayó el carácter dinámico del conteo, señalando que los procesos en curso dentro de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podrían arrojar nuevos hallazgos.
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El anuncio se produjo durante una audiencia del Caso 03 en Apartadó, Antioquia, un escenario simbólico dentro de las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales.
Allí se analizaron hechos como la masacre de La Resbalosa, ocurrida en 2005, en la que murieron ocho personas, incluidos menores de edad. La JEP reiteró que la ampliación del periodo estudiado y la integración de nuevas fuentes documentales fueron determinantes para el ajuste.
Desde el punto de vista judicial, el tribunal ha identificado patrones sistemáticos en la comisión de estos crímenes.
Entre ellos se encuentran el asesinato de civiles sin vínculo con grupos armados, el reclutamiento mediante engaños con falsas ofertas laborales, la ejecución de combatientes fuera de combate y la manipulación de resultados operacionales para reportar bajas en combate.
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Las víctimas, en su mayoría, eran jóvenes en condiciones de vulnerabilidad económica o social.
El presidente Gustavo Petro calificó estos hechos como uno de los crímenes más graves registrados en la región en el siglo XXI, insistiendo en que la mayoría de las víctimas fueron presentadas falsamente como guerrilleros abatidos.
En cuanto a avances concretos, la JEP ha logrado decisiones judiciales relevantes. Entre ellas destaca la condena del coronel retirado Publio Hernán Mejía a 20 años de prisión por 72 ejecuciones ilegítimas en Valledupar.
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Además, el tribunal ha vinculado a decenas de oficiales, incluyendo una lista de 40 máximos responsables pertenecientes a estructuras como la Cuarta Brigada.
En Antioquia, uno de los territorios más afectados, la JEP ha documentado 589 víctimas, incluyendo 228 casos de desaparición forzada y 41 de tortura.
Los equipos forenses han logrado la entrega de restos a familias, un proceso clave en términos de reparación simbólica. Sin embargo, persisten tensiones en torno a la responsabilidad de altos mandos, varios de los cuales han negado su participación.
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El debate también se ha trasladado al ámbito político e institucional. El magistrado Óscar Parra informó sobre más de 300 solicitudes de organizaciones de víctimas que buscan la comparecencia de exmandatarios, entre ellos Uribe y Juan Manuel Santos.
Aunque no existe una obligación inmediata, la JEP no descarta su participación voluntaria, como ocurrió anteriormente ante la Comisión de la Verdad.
El tribunal continúa llamando a declarar a altos oficiales, incluidos generales como Reinaldo Castellanos y Mario Montoya, en un esfuerzo por esclarecer la cadena de mando y las posibles responsabilidades estructurales.
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Estos procesos serán determinantes para cerrar los macrocasos en los próximos dos años, un horizonte que podría traer nuevas revisiones a la cifra total de víctimas.
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