La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) incluyó a Colombia en la lista de países donde ejercer el periodismo se ha convertido en una labor de alto riesgo, debido al aumento de ataques y estigmatización por parte de funcionarios públicos, entre ellos el presidente Gustavo Petro.
“Desde la estigmatización por parte de los altos cargos del Gobierno, loas alcaldes y gobernadores del a nivel local estan estigmatizando”, comentó, sofia jaramillo, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en conversación con Noticias Caracol, en un espacio en el que se discuto la dimensión de la alerta y como a nivel local se influye apra que estos resultados sean desfavorables apra aquellos que ejercen la profesión.
La advertencia fue publicada en el informe anual que alerta sobre violaciones a la libertad de expresión y sus consecuencias para la democracia en el país.
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En el documento, la Cidh indica que la situación no solo se manifiesta en agresiones directas, sino en un clima de hostilidad que afecta tanto a periodistas como a medios de comunicación. Entre los puntos destacados, la Relatoría Especial incluyó el caso de la investigación difundida por Noticias Caracol en noviembre de 2025, cuya veracidad fue públicamente cuestionada por el presidente Petro.
El organismo advirtió que este tipo de descalificaciones “representa uno de los primeros pasos hacia escenarios de censura, donde la prensa no puede cumplir su labor”.
En la entrevista con el medio de comunicación, Jaramillo, destacó el vínculo directo entre la estigmatización y los riesgos concretos para quienes ejercen el periodismo. “Estamos en un momento en el que las personas que quieren informar sobre temas de altísimo interés público tienen que hacerlo en unas condiciones muy precarias”.
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La directiva recalcó que tanto a nivel nacional como en regiones, las agresiones provienen no solo de la Presidencia, sino también de alcaldes y gobernadores.
El informe de la Cidh fue enfatico en advertir que los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de proteger tanto a los medios como a la vida de los periodistas.
En 34 municipios analizados el año pasado por Flip y Fundación Gabo, 24 % de los medios había recibido amenazas y 35 % reconoció haberse autocensurado como consecuencia directa. La investigación reveló también que muchos periodistas debieron exiliarse, desplazarse dentro de Colombia o abandonar la profesión.
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La estigmatización y sus consecuencias para la libertad de prensa en Colombia
Sofía Jaramillo explicó que la crítica a los medios forma parte del debate democrático legítimo, pero se convierte en riesgo cuando las descalificaciones sobrepasan los contenidos para atacar a los propios periodistas o medios, tildándolos de mentirosos o enemigos. “El problema es cuando ya se pasa esa línea y se empieza a llamar mentirosos, criminales, enemigos… y pone en riesgo a los periodistas”, detalló la presidenta.
El documento de la Cidh identifica que en varias ocasiones, los ataques se intensifican tras investigaciones periodísticas que tocan asuntos de interés nacional. El caso de la serie sobre alias Calarcá y las denuncias sobre funcionariado público es uno de los ejemplos mencionados, pues la crítica del presidente fue acompañada de olas de amenazas y acoso digital a los reporteros responsables.
“Al atacar al medio de comunicación, los que hacen la investigación empiezan a recibir amenazas, una oleada de ataques en redes sociales… incluso los periodistas del mismo medio en otras regiones sienten esas presiones y limitantes”, relató Jaramillo en diálogo con Noticias Caracol.
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Las mujeres periodistas figuran entre las más afectadas por la violencia de género que ocurre en entornos digitales. Jaramillo señaló que el acoso trasciende la vida profesional y afecta la esfera personal. “Cuando se estigmatiza a mujeres periodistas, el tipo de acoso en línea trasciende la vida profesional… empiezan a hablar de las familias, de sus hijos, a revelar información personal”, sostuvo. Estas exposiciones pueden derivar en acoso, amenazas de violencia sexual o doxing, incluso en contextos donde la identidad o el domicilio de la periodista es difundido públicamente.
La autocensura emerge como consecuencia directa de las amenazas y ataques. Según el estudio conjunto con Fundación Gabo, “35 % [de los medios amenazados] decidió no publicar la información”, afirmó Jaramillo. Estas limitaciones afectan la cobertura en regiones controladas por actores armados o con conflictos históricos.
La presidenta de Flip resumió: “En muchas regiones del país tenemos zonas donde la información no está saliendo… hay menos medios de comunicación y la información no sale; las personas no se enteran de lo que pasa”. En tiempos electorales, la falta de información independiente impide a los ciudadanos tomar decisiones informadas, debilitando la democracia.
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El informe destaca que es deber del Estado, tanto en el plano legal como de protección efectiva, garantizar un ambiente propicio para la libertad de expresión. Jaramillo concluyó: “El discurso de los funcionarios no debe poner en riesgo a las personas, y debe propiciar un ambiente donde se puedan discutir ideas”.
Según la dirigente, estas obligaciones son monitorizadas anualmente por la Relatoría, que reitera la gravedad del momento y la urgencia de una reacción institucional.