El Gobierno Petro ordenó a los fondos privados el traslado de $25 billones en ahorros pensionales a Colpensiones, una medida que, según representantes del sector, afecta directamente el respaldo financiero de los trabajadores para su jubilación.
La disposición exige a las administradoras privadas movilizar la mitad de esos recursos en 20 días, y el resto en los 10 días siguientes, reavivando el debate sobre el manejo del ahorro pensional y la seguridad de los rendimientos futuros.
El decreto, firmado durante la administración de Gustavo Petro, permite que el traslado se realice tanto en efectivo como a través de inversiones consideradas admisibles para Colpensiones.
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De acuerdo con Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, que comparó el impacto para los trabajadores con la situación de un hogar en la que los ahorros acumulados para el futuro se ven obligados a ser transferidos a manos de un tercero.
“imagínese que en su hogar alguien trabaja, ahorra una plata y la guarda para el futuro (…) y de pronto llega otro habitante y le dicen: eso me lo tiene que trasladar”, expresó Velasco.
Velasco explicó que el mayor efecto se observará en el largo plazo, al señalar que la desacumulación de estos recursos implica dejar de generar intereses, lo que compromete la capacidad para garantizar las pensiones en los próximos años.
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“Esa es la misma decisión que el Gobierno Nacional está tomando al pedirle a los fondos de pensiones que desacumule los recursos que son de los trabajadores”, agregó el funcionario.
Añadió que estos ahorros no pertenecen a los fondos privados sino a los trabajadores y que la finalidad legítima es reservarlos para cuando corresponda su retiro.
El decreto ha recibido reparos legales y financieros. Velasco advirtió que la legalidad de esta orden es cuestionada tanto por Asofondos como por la Contraloría General de la República y el Banco de la República.
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“Dejar de ganar intereses nos parece muy mala idea porque ese es el recurso que va a garantizar las pensiones de los colombianos en el futuro”, aseguró Andrés Velasco.
También señaló que Colpensiones estaría recibiendo recursos por encima de los requeridos para el pago de pensiones actuales, lo que genera inquietud sobre el uso inmediato de ese dinero.
El gremio de fondos privados no descarta acudir a instancias legales para proteger los intereses de los afiliados.
“Vamos a hacer todo lo posible para proteger estos recursos (...) no podemos descartar ninguna acción legal”, afirmó Velasco. Actualmente, el sector se encuentra evaluando el alcance jurídico del decreto antes de definir los próximos pasos.
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La medida pone en el centro de la discusión el destino del ahorro pensional colombiano y la confianza de los trabajadores sobre su futuro financiero, abriendo un nuevo capítulo en la relación entre los fondos privados y el sistema estatal de pensiones.
El traslado inmediato de recursos de las AFP a Colpensiones genera controversia legal
El abogado Kevin Hartmann, uno de los expertos que participaron en la estructuración de la última reforma pensional de Colombia, alertó sobre la posible ilegalidad de un decreto recién expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La medida obliga a los fondos privados de pensiones a trasladar cerca de 25 billones de pesos a Colpensiones, en contradicción con lo pactado en la reciente reforma, una situación que, según Hartmann, expone a 120.000 personas y debilita la seguridad normativa en materia de pensiones, según indicó al programa Mañanas Blu 10:30 AM de Blu Radio.
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De acuerdo con Hartmann, la decisión impacta directamente a quienes utilizaron la “ventana especial” aprobada por la ley. Esa figura permitió que, bajo condiciones excepcionales, cerca de 120.000 afiliados optaran por trasladarse de los fondos privados administrados por las AFP hacia Colpensiones.
La reforma pensional determinaba que los recursos de esos afiliados debían continuar bajo la gestión de las AFP, a la espera de la implementación de un nuevo fondo de ahorro central, que sería administrado por el Banco de la República.
Sin embargo, el decreto del Ministerio de Hacienda altera esa disposición fundamental al ordenar que los dineros sean remitidos de inmediato a Colpensiones para su gestión.
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La modificación establecida por el Gobierno no solo afecta la administración de los recursos, sino que enfrenta un obstáculo jurídico insalvable, remarcó Hartmann en su análisis.
El abogado enfatizó: “Un decreto no puede contradecir una norma vigente, y menos una respaldada por la Corte Constitucional”. Esta declaración resalta el posible conflicto entre la medida ejecutiva y los principios legales que rigen las decisiones legislativas en Colombia.
El argumento técnico presentado por el Gobierno, fundamentado en la urgencia de cubrir el déficit estructural del sistema pensional, los riesgos de mercado de las AFP y la supuesta necesidad de anticiparse a contingencias, es insuficiente para justificar la transferencia inmediata de $25 billones a Colpensiones, según expuso Hartmann.
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El abogado fue más allá, sugiriendo que “podría haber motivaciones no explícitas detrás de la decisión”, rechazando la justificación oficial por carecer de solidez técnica.
Este conflicto ha abierto la puerta a acciones legales inminentes. Hartmann adelantó que lo más probable es que el decreto sea impugnado ante el Consejo de Estado, con solicitudes de medidas cautelares para cancelar sus efectos de manera temporal mientras se dirime la controversia jurídica.