El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia oficializó un protocolo técnico para la caza de control del hipopótamo común (Hippopotamus amphibius) en el Magdalena Medio, con énfasis en la disposición adecuada de los cadáveres.
La expansión de esta especie exótica invasora, declarada oficialmente en 2022, impulsó la creación de una normativa que responde a la crisis ecológica y social derivada de su sobrepoblación en Antioquia y otros tres departamentos.
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El protocolo, basado en criterios científicos y legales, establece medidas para proteger la biodiversidad y reducir los riesgos para las comunidades, priorizando la gestión sanitaria de los restos animales.
Contexto: origen y alcance del problema
La presencia de hipopótamos en Colombia se remonta a la introducción de algunos ejemplares por parte de Pablo Escobar en la década de 1980. Sin control, la población creció hasta superar los 200 individuos.
Proyecciones oficiales advierten que, sin medidas de manejo, la cifra podría llegar a 500 ejemplares en 2030 y cerca de 1.000 en 2035. Los hipopótamos afectan la calidad del agua y desplazan a especies nativas como el manatí y la tortuga de río, generando tensiones ambientales y sociales en la región.
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La nueva estrategia estatal contempla la eutanasia como uno de los tres pilares para reducir el número de animales, junto con la translocación a reservas y zoológicos, y la esterilización quirúrgica.
La ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, sostuvo que “para reducir la población de hipopótamos hay dos caminos: la translocación y la eutanasia. Esta última es una medida técnica, que hace parte de lo que la ciencia nos pide hacer cuando no es posible la translocación”.
Protocolo: fases previas a la disposición de cadáveres
El procedimiento parte con la ceba y captura de los ejemplares, utilizando corrales metálicos de al menos 15 metros cuadrados por animal, instalados cerca de cuerpos de agua. Los hipopótamos son atraídos con alimentos poco habituales en su dieta, como zanahorias y melaza, y el ingreso al corral activa un mecanismo de cierre automático. La operación se realiza preferentemente al atardecer, cuando los animales presentan mayor actividad.
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Posteriormente, el equipo veterinario ejecuta la eutanasia bajo dos modalidades: química, mediante sedación y administración de medicamentos, o física, con armas de fuego, si la situación logística lo exige.
La elección del método depende de la accesibilidad del área y de la posibilidad de contener al animal para evitar que caiga en cuerpos de agua, lo que dificultaría la recuperación y manejo del cadáver.
Disposición sanitaria: tratamiento y eliminación de los restos
La fase clave del protocolo es la disposición sanitaria de los cadáveres, diseñada para mitigar riesgos biológicos y ambientales. Una vez verificada la muerte, el personal autorizado realiza una necropsia completa en un lapso no mayor a 24 horas, con el objetivo de recolectar información epidemiológica sobre la población y documentar las causas del deceso.
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La manipulación de los cuerpos exige el uso de equipos de protección, como overoles impermeables, doble guante, mascarillas N95 o respiradores P100 y gafas, debido al riesgo de transmisión de enfermedades como leptospirosis, tuberculosis y ántrax.
El enterramiento profundo constituye el método preferido para la disposición final, ya que es rápido y seguro. Se emplean excavadoras para cavar fosas de 4 a 5 metros de profundidad, donde se depositan los restos tras perforar las cavidades torácica y abdominal del animal. Esta acción es fundamental para evitar la acumulación de gases y posibles explosiones subterráneas.
Como alternativa, el protocolo contempla la incineración en hornos crematorios industriales, que operan a temperaturas superiores a 900 °C y garantizan la destrucción total de patógenos, siempre respetando la normativa vigente sobre emisiones.
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Limitaciones técnicas y cooperación internacional
La ejecución del protocolo enfrenta desafíos importantes. Según Javier Valencia, director de Cornare, “la eutanasia es una medida indispensable”, aunque la entidad no cuenta con la capacidad operativa para implementarla directamente.
Por este motivo, el proceso requerirá posiblemente de una convocatoria internacional, ya que en Colombia no existen empresas especializadas en el manejo y disposición de cadáveres de megafauna de estas características.
Mientras tanto, Cornare continuará con estrategias complementarias, como la translocación y la esterilización. La exportación de ejemplares, sin embargo, depende de la gestión diplomática y de la obtención de permisos internacionales.
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Es de mencionar que el Gobierno nacional, a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, asignó una inversión de $7.200 millones para financiar la implementación del plan integral de manejo. El objetivo es reducir el número de hipopótamos, evitar la dispersión de la especie y proteger tanto la biodiversidad regional como la seguridad de las comunidades.
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