El abogado Alejandro Carranza, apoderado del ex ministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla, criticó a la Fiscalía General de la Nación por las actuaciones que ha tenido como ente acusador en el proceso penal que se adelanta contra el ex jefe de la cartera. Bonilla enfrenta una investigación por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
En una audiencia realizada el 7 de abril de 2026, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá Isabel Álvarez Fernández ordenó la libertad inmediata del procesado por vencimiento de términos. Esto, al constatar que la Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra del exfuncionario de manera extemporánea.
“Este despacho, despacho 10 del Tribunal Superior de Bogotá, considera que, en efecto, está fundado el presupuesto objetivo invocado por la defensa para solicitar la libertad por vencimiento de términos del ciudadano procesado, esto es el señor Ricardo Bonilla González”, indicó la togada en la diligencia.
Carranza celebró la decisión y, en una publicación en su cuenta de X, cuestionó el rol que ha cumplido la Fiscalía durante el proceso, refiriéndose, sobre todo, a la solicitud que hizo de que el exministro Bonilla fuera cobijado con una medida de aseguramiento intramural. A su juicio, este caso demostraría que se estaría utilizando la libertad como un “arma política”.
Para sustentar su punto de vista, explicó que el ente acusador tenía claridad de que no había motivos suficientes para privar de la libertad al investigado, pero igual decidió pedir que se le impusiera la medida de aseguramiento. Desde su perspectiva, la Fiscalía sabía que Bonilla no representaba una amenaza para la sociedad porque había renunciado a su puesto en el Ministerio de Hacienda casi un año antes de que se solicitara su privación de la libertad.
Además, se comprobó que durante ese tiempo no tuvo contacto con nadie del Gobierno nacional ni con las demás personas investigadas por su presunta participación en el entramado de corrupción. Recalcó que el ex jefe de la cartera tiene una edad avanzada (76 años) y que no tiene antecedentes penales.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, el abogado Carranza cuestionó a la Fiscalía: “¿Por qué decidieron solicitar una medida de aseguramiento en diciembre, justo en plena época electoral, en lugar de imputarlo y permitirle defenderse en libertad?”.
De acuerdo con el jurista, la razón se centra en una presunta instrumentalización del ente investigador. “La respuesta es simple: para la @FiscaliaCol instrumentalizada con fines políticos, la #libertad es un botín Nobel fin más preciado de la humanidad. Eso opino”, señaló.
El exministro de Hacienda es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Se le señala de haber impartido órdenes para direccionar contratos de la Ungrd y del Instituto Nacional de Vías (Invías) con el fin de beneficiar a ciertos congresistas. Presuntamente, el objetivo habría sido garantizar su apoyo para impulsar las reformas sociales del Gobierno en el Legislativo.
Sin embargo, Ricardo Bonilla asegura que es inocente y no aceptó los cargos imputados. Mientras tanto, su abogado, Alejandro Carranza, denuncia falta de garantías en el proceso penal por parte de la Fiscalía, los jueces de la República y los medios de comunicación.
Afirmó que el exfuncionario ha sido criminalizado y que las acciones adelantadas por su defensa no han surtido efecto por falta de diligencia. Se refirió específicamente a una apelación que lleva cuatro meses quieta, sin que se haya proferido una decisión al respecto.
“Además, hoy, la @FiscaliaCol solo le radica la acusación de afán, en medio de una audiencia, cuando se ve contra las cuerdas por dejar vencer los términos”, añadió.