El presidente Gustavo Petro se pronunció el martes 7 de abril sobre la situación judicial del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, luego de que la Fiscalía General de la Nación radicara el escrito de acusación en su contra ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado cuestionó el proceso y pidió su liberación inmediata, además de solicitar la intervención de organismos internacionales.
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En su mensaje, el mandatario señaló: “El profesor de economía, Ricardo Bonilla ex ministro de hacienda de mi gobierno, está detenido arbitrariamente por simple sectarismo político, también es un preso político de aparatos estatales que persiguen al gobierno en manos de la oposición. Exijo la libertad inmediata del profesor Ricardo Bonilla, y pido a todos los organismos de Derecho Internacional, su protección inmediata”.
El pronunciamiento presidencial se registró horas después de que se conociera la actuación de la Fiscalía, que formalizó la acusación también contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, por el mismo caso.
Radicación del escrito de acusación
La Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, en el marco del proceso que adelanta contra los dos exfuncionarios del Gobierno. Ambos son señalados de haber participado en una presunta organización delincuencial que habría buscado influir en el Congreso mediante la asignación de contratos y pagos ilegales.
De acuerdo con el ente investigador, Bonilla y Velasco habrían tenido un rol central en la estructura, que presuntamente ofrecía contratos a congresistas a cambio de respaldo a iniciativas del Ejecutivo. La Fiscalía sostiene que los exministros “lideraron, promovieron y dirigieron la organización criminal”, además de coordinar reuniones y verificar la ejecución de proyectos.
El proceso judicial se remonta al 1 de diciembre de 2025, cuando la Fiscalía imputó a los exfuncionarios por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. En esa oportunidad, la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero ordenó medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.
Bonilla fue recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en Bogotá, mientras que Velasco permanece en la Escuela de Carabineros de Cali.
Señalamientos de la Fiscalía
Según las investigaciones, los exministros habrían comprometido la entrega de contratos por más de $612.000 millones de pesos. Estos recursos estarían distribuidos en 74 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías), por $571.000 millones, y cinco proyectos adicionales en la Ungrd, por más de $40.000 millones.
Los contratos habrían estado dirigidos a congresistas de varias comisiones del Senado y la Cámara de Representantes, así como a integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. El objetivo, según la Fiscalía, era asegurar el respaldo a reformas del Gobierno y a la aprobación de créditos para la Nación.
Las indagaciones se sustentan en testimonios entregados por exdirectivos de la Ungrd, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como por María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda. Durante la imputación, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, señaló que los exfuncionarios “se enfocaron en satisfacer intereses individuales” y que habrían ordenado “aceitar” con contratos a congresistas para garantizar apoyos políticos.
El escrito de acusación radicado por la Fiscalía contiene más de 280 folios, los cuales deberán ser analizados por la Corte Suprema de Justicia en la siguiente etapa del proceso. Será ese alto tribunal el encargado de definir el curso judicial del caso y de evaluar las pruebas presentadas por el ente investigador.