Gobernador de Antioquia presentará demanda de nulidad ante el Consejo de Estado por suspensión de capturas a “bandidos como alias Calarcá”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció la presentación de una demanda de nulidad con solicitud de medida cautelar ante el Consejo de Estado contra decisiones del Gobierno nacional y de la Fiscalía General de la Nación que, según afirmó, afectan el funcionamiento de la justicia y los derechos de las víctimas.

El mandatario expuso su postura a través de su cuenta de la red social X, donde expresó: “Presento demanda de nulidad con medida cautelar ante el Consejo de Estado: Gustavo Petro y la fiscal liberan criminales, vulneran la justicia, a las víctimas, a jueces, fiscales, policías y soldados que han arriesgado su vida por capturarlos”.

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En el mismo mensaje, el gobernador de Antioquia agregó que estas actuaciones “construyen una autopista de impunidad en la que transitan jefes de combos criminales”.

Andrés Julián Rendón centró su crítica en la suspensión de órdenes de captura contra cabecillas de estructuras criminales. A su juicio, la decisión permite beneficios que no corresponden y debilita el trabajo de las autoridades.

En un video difundido junto a su pronunciamiento, afirmó: “Presentaré mañana lunes (6 de marzo) ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad con solicitud de medida cautelar de urgencia contra la resolución que expidió la fiscal (Luz Adriana) Camargo a solicitud de Petro”.

El gobernador sostuvo que dicha resolución levantó órdenes de captura y otorgó libertad de movilidad en Medellín, su área metropolitana, Rionegro y Bogotá a personas condenadas por delitos graves: “Se otorgó patente de movilidad a peligrosos criminales condenados por desaparición forzada, homicidio, extorsión y desplazamiento”.

“Esperamos que permita suspender de inmediato los efectos de esa resolución, reactivar las órdenes de captura y frenar los beneficios que se concedieron”, afirmó. Aseguró además que el acto administrativo “tiene vicios graves” y vulnera principios constitucionales como la legalidad, la separación de poderes y el acceso a la justicia.

El mandatario departamental planteó cuestionamientos adicionales sobre decisiones previas del Gobierno nacional: “El país conoce lo que ocurrió cuando dejaron en libertad a ‘Calarcá’. Hemos padecido las consecuencias de esa decisión”.

Luego formuló una pregunta directa: “¿Qué información que aún no conocen los colombianos explica el trato complaciente que ha recibido este bandido?”.

Claves de la decisión de la Fiscalía sobre cabecillas criminales

Las declaraciones del gobernador surgen tras la confirmación de la Fiscalía General de la Nación sobre la suspensión de órdenes de captura contra 23 cabecillas de organizaciones criminales en Medellín y el Valle de Aburrá. La decisión quedó consignada en la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026.

Según explicó el ente acusador, la medida respondió a una solicitud de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, con el fin de permitir la participación de estos voceros en espacios de conversación sociojurídicos impulsados por el Gobierno nacional. El objetivo de estos encuentros apunta a procesos de sometimiento de estructuras criminales; la entidad indicó que la suspensión tiene una vigencia de seis meses.

Y es que la figura de alias Calarcá se convirtió en uno de los puntos más sensibles dentro de la política de ‘Paz Total’ del Gobierno de Gustavo Petro, tras la decisión de suspender órdenes de captura por parte de la Fiscalía.

La medida responde a su reconocimiento como vocero del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc en la facción que continúa en diálogos con el Ejecutivo. Este estatus permite solicitar la suspensión de órdenes judiciales para facilitar la participación de líderes armados en negociaciones.

El tema cobró fuerza a finales de 2025, cuando “Calarcá” se desplazó en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y fue detenido en un retén militar en Antioquia, hecho que ocurrió a mediados de 2024. Aunque algunos acompañantes sí fueron capturados por órdenes vigentes, el jefe disidente no fue arrestado debido a la suspensión formal que lo cobijaba.

El hecho provocó críticas por el uso de recursos estatales en favor de integrantes de estructuras armadas. Según esos hallazgos, existirían indicios de infiltración en instituciones y posibles vínculos con miembros de la fuerza pública. Además, la información apunta a que su estructura habría continuado con actividades ilícitas, pese a su participación en conversaciones de paz.

Estas situaciones generaron cuestionamientos desde distintos sectores hacia la Fiscalía, en relación con la continuidad de las suspensiones de las órdenes de captura.