Ataque sicarial en La Guajira contra el exconcejal Edilber Moscote en plena vía pública, a pocos metros de un CAI de la Policía

Un nuevo hecho de violencia sacude al departamento de La Guajira. En la noche del 4 de abril de 2026 fue asesinado Edilber Moscote, exconcejal del municipio de Dibulla, tras un ataque armado perpetrado por sicarios en el corregimiento de La Punta de los Remedios.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima se movilizaba por el barrio El Poblado cuando fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en motocicleta.

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Según Blu Radio, el parrillero descendió parcialmente y, sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra Moscote, causándole la muerte en el lugar.

El hecho ocurrió a escasas dos cuadras de un CAI de la Policía, lo que ha incrementado la preocupación entre los habitantes por la seguridad en la zona. Testigos señalaron la rapidez con la que los atacantes huyeron tras cometer el crimen.

Tras el homicidio, unidades de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía acordonaron el área y realizaron los actos urgentes. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los móviles del asesinato ni se reportan capturas relacionadas con el caso.

La muerte de Moscote ha generado rechazo e indignación en la comunidad de Dibulla y sus corregimientos.

Líderes sociales, familiares y habitantes han exigido celeridad en las investigaciones y un refuerzo inmediato de las medidas de seguridad, ante el temor que deja este nuevo hecho de violencia contra dirigentes locales.

El caso reabre el debate sobre la seguridad en La Guajira y la protección a líderes políticos y sociales en la región, mientras la comunidad insiste en que el crimen no quede en la impunidad.

El asesinato ocurre en un contexto nacional marcado por el aumento de la violencia contra líderes políticos en la antesala de las elecciones. En los últimos meses, distintos casos han encendido las alertas sobre la seguridad del proceso democrático en Colombia.

Uno de los episodios más recientes fue la denuncia de la senadora indígena Aida Quilcué, que aseguró haber sido secuestrada junto a su equipo en el suroccidente del país, un hecho que evidenció la presión de actores armados en zonas rurales.

A esto se suma lo ocurrido en el departamento de Arauca, donde dos escoltas de un senador fueron asesinados en un ataque atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), reflejando el riesgo que enfrentan no solo los dirigentes, también sus esquemas de seguridad.

En Córdoba, la candidata María Bolívar Maury denunció haber sido víctima de un atentado armado contra su vehículo, del cual logró salir ilesa. El caso se suma a una serie de hechos intimidatorios que buscan afectar la participación política en varias regiones.

La situación es aún más crítica en el Cauca. Allí, la candidata presidencial Paloma Valencia advirtió que grupos armados ilegales estarían condicionando el voto ciudadano en algunos territorios, generando temor entre la población.

Uno de los casos más graves fue el del exdiputado Luis Carlos Vallejo Román, que fue secuestrado el 8 de marzo en zona rural de López de Micay y posteriormente hallado muerto el 1 de abril. Su asesinato provocó un fuerte rechazo y renovó los llamados a proteger a los líderes sociales.

Estos hechos reflejan un patrón de violencia que, según analistas, se ha intensificado en medio de la disputa territorial de grupos armados ilegales. Aunque el acuerdo de paz de 2016 redujo el conflicto con las antiguas Farc, otras estructuras como el ELN y el Clan del Golfo continúan teniendo presencia en distintas regiones del país.

En este escenario, la Misión de Observación Electoral ha advertido que al menos 185 municipios presentan riesgos de violencia y posibles irregularidades, lo que representa una amenaza directa para el desarrollo de las elecciones.

El asesinato de Edilber Moscote se suma así a una cadena de hechos que reflejan la vulnerabilidad de los líderes políticos en Colombia. En regiones como La Guajira, donde la presencia institucional es limitada en algunos sectores, la preocupación por la seguridad sigue en aumento.