Por retrasos en la extradición de Zulma Guzmán desde Inglaterra, defensa de las víctimas pide a la Fiscalía que las diligencias se hagan de manera virtual

La familia de las menores víctimas del envenenamiento por talio en Bogotá ha reiterado su pedido a la Fiscalía General de la Nación, para agilizar el proceso judicial contra Zulma Guzmán Castro, señalada como la presunta responsable del homicidio agravado ocurrido el 5 de abril de 2025.

El abogado Fabio Humar Jaramillo, representante civil de los familiares, aseguró a La FM que el ente investigativo cuenta con pruebas sólidas para avanzar hacia la imputación formal por homicidio agravado y tentativa de homicidio.

“Ella tiene en este momento una investigación en la cual el eje central es el lamentable y dolorosísimo homicidio de dos menores de edad”, precisó el jurista.

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La solicitud de la familia se centra en que la audiencia de imputación se realice de manera virtual, sin más dilaciones. El abogado Humar subrayó que existen “evidencias muy serias, muy profundas, técnicas forenses de que se envió un paquete de unas frutas achocolatadas que contenían un veneno”, haciendo alusión al principal elemento probatorio contra Guzmán Castro.

Actualmente, la empresaria permanece detenida en la cárcel de Bronzefield, Reino Unido, por disposición de una jueza londinense, a la espera de que se resuelva su extradición a Colombia. El contexto internacional del caso añade complejidad a los tiempos procesales.

La Fiscalía aún investiga si existen otros afectados por la sustancia, lo que podría ampliar el alcance de la causa penal. El abogado Humar también le explicó al medio de comunicación que “La Fiscalía está indagando si hay nuevos elementos que permitan inferir desde el punto de vista técnico, forense, si hay más personas que hayan recibido esta sustancia. Eso lo está determinando la Fiscalía, que es la competente para estos fines”.

La posible condena para la acusada, en caso de ser hallada culpable, podría situarse entre 50 y 60 años de prisión, según el cálculo del representante legal de la familia. Las familias esperan que la justicia colombiana actúe con celeridad ante la gravedad del hecho y la contundencia de las pruebas recopiladas hasta el momento.

Se retrasa extradición de Zulma Guzmán: visita del Reino Unido a cárcel El Buen Pastor no se realizó

La extradición de Zulma Guzmán permanece bloqueada tras la cancelación de una inspección clave en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde autoridades judiciales británicas exigen el cumplimiento de estándares específicos en derechos humanos y salud mental para autorizar el traslado de la empresaria, investigada por el envenenamiento con talio de varias menores, según información de Noticias Caracol.

La ausencia de la comisión internacional, prevista para el 30 de marzo según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, detiene una resolución judicial del Reino Unido y prolonga tanto su permanencia en prisión en HMP Bronzefield como el avance del proceso penal en Colombia.

El pabellón nueve de El Buen Pastor, un sector de alta y media seguridad para internas vinculadas a procesos de alto impacto, fue el espacio seleccionado por Colombia para alojar a Zulma Guzmán, en reemplazo de la inicialmente considerada cárcel La Picota, a fin de corresponder al perfil femenino de la detenida.

Esta área cuenta con vigilancia reforzada y condiciones diferenciadas que Colombia aspira a demostrar ante el Reino Unido como cumplimiento de los requisitos internacionales.

La inspección pendiente tiene carácter obligatorio, pues el sistema judicial británico ha condicionado su decisión a la verificación directa de las condiciones de reclusión. La demora deja el traslado judicial en suspenso, frenando de manera indefinida la extradición de Guzmán, quien permanece recluida en la prisión británica.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo Restrepo, detalló que el análisis solicitado por el Reino Unido va más allá de los aspectos físicos y abarca la disponibilidad y la calidad de los servicios de salud mental en El Buen Pastor.

Cuervo Restrepo precisó: “No solamente es, digamos, comodidad operacional y física, sino si allí existen los recursos de atención de salud mental”. Destacó que este aspecto podría inclinar la balanza sobre posibles medidas de protección especiales para la procesada.