El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño anunció que acudirá de manera inmediata ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), tras la advertencia de la Fiscalía General de la Nación sobre un posible plan para asesinar a los fiscales que investigan el crimen de su hijo, Miguel Uribe Turbay.
El anuncio se da luego de que la Fiscalía confirmara la existencia de amenazas directas y ofrecimientos millonarios para atentar contra los funcionarios encargados del esclarecimiento de este magnicidio, atribuido a la organización criminal Segunda Marquetalia. En una carta dirigida al país, Uribe Londoño expresó su gratitud hacia la Fiscalía y subrayó la gravedad de la situación:
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“Estamos frente a un crimen atroz, un magnicidio, un crimen de lesa humanidad. Y también frente a una amenaza real e inminente contra quienes están investigando y esclareciendo la verdad”. El candidato exigió que la Fiscalía refuerce de manera inmediata la seguridad de los fiscales, investigadores y sus familias, recalcando que la justicia colombiana no debe ser intimidada por mafias o el terrorismo.
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En su misiva, Uribe Londoño anunció la solicitud ante la Cidh para que se inicie un monitoreo internacional del caso y se adopten medidas cautelares urgentes en favor de los fiscales y su equipo, con el fin de proteger su vida e integridad personal y garantizar el normal desarrollo de la administración de justicia.
Además, el candidato responsabilizó directamente al Gobierno de Gustavo Petro por no haber atendido las advertencias de riesgo que su hijo hizo en vida. “El Gobierno tiene responsabilidad en su magnicidio. Está demostrado que la vida de cada uno de ustedes está en riesgo a causa de la paz total de Petro. Es muy importante que los criminales no sigan libres y que se sepa la verdad”, afirmó.
La Fiscalía, tras revelar las amenazas, dispuso medidas adicionales para proteger a los fiscales y sus equipos, mientras continúa la investigación sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, catalogado como crimen de lesa humanidad. El caso sigue bajo observación pública y política, con la familia Uribe solicitando respaldo internacional y garantías para la justicia.
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Polémica por señalamientos y respuestas del Gobierno
El caso ha desatado un intenso debate político. Tras confirmarse que la orden para asesinar a Miguel Uribe Turbay fue dada desde la Segunda Marquetalia, diversas voces públicas señalaron a figuras como el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda por presunta responsabilidad política o por sus vínculos con el proceso de paz y exjefes guerrilleros.
La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila reavivó la polémica en redes sociales al recordar la cercanía entre Cepeda y exlíderes de las Farc que luego formaron la Segunda Marquetalia, como “Iván Márquez” y “Jesús Santrich”. El presidente Petro respondió directamente a estas acusaciones, negando cualquier implicación y asegurando que “la junta del narcotráfico” fue la que ordenó el asesinato. Petro rechazó la narrativa de Dávila y defendió la independencia de su Gobierno respecto a grupos armados ilegales.
Por su parte, Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, calificó de “infamia” los señalamientos en su contra y exigió que quienes lo acusan presenten denuncias penales formales: “Es una acusación que tiene sucios propósitos electorales. Yo demando que el Centro Democrático y que el expresidente entablen inmediatamente las acciones penales y no se queden en el ejercicio de proferir mentiras”.
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El debate alcanzó a otros líderes políticos. El expresidente Álvaro Uribe Vélez y la candidata presidencial Paloma Valencia recordaron la supuesta intervención de Cepeda para facilitar la salida de “Santrich” e “Iván Márquez” del Acuerdo de Paz y criticaron la designación de negociadores de paz por parte del obierno Petro.