El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, denunció que personas ajenas a la institucionalidad están contactando desde el lunes 24 de marzo a familiares de los 69 fallecidos en el accidente aéreo de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo, Putumayo, exigiendo dinero para supuestamente agilizar la identificación de los cuerpos.
La autoridad recalcó que el Estado asume la totalidad de los costos de estos trámites, por lo que cualquier demanda de pago constituye un fraude dirigido a las familias y que las investigaciones oficiales sobre la causa del siniestro avanzan bajo estricta confidencialidad, sin cabida para intermediarios particulares, informó El Espectador.
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El accidente, ocurrido el 23 de marzo, implicó una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que llevaba 126 personas a bordo. El desplome dejó 69 víctimas fatales, de las cuales 61 eran uniformados del Ejército Nacional, seis aviadores pertenecían a la FAC y dos integraban el Gaula de la Policía Nacional.
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Entre los identificados se encuentran personal de todos los rangos, desde sargentos y cabos hasta soldados profesionales y oficiales.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses desplegó desde el 24 de marzo 12 equipos interdisciplinarios integrados por 57 funcionarios especializados: médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, con la misión de abordar, identificar y hacer la entrega digna de los cuerpos a sus familias.
El miércoles 25 de marzo, tras su visita a la sede central de Medicina Legal, el ministro Sánchez Suárez enfatizó: “Algunos les decían a las familias que tocaba pagar algo para la identificación de los cuerpos. Eso es falso. Que, si querían, podían ayudar como intermediarios para acelerar la identificación de los cuerpos. Es falso”.
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El jefe de la cartera de Defensa destacó que ya ha sostenido conversaciones directas con algunos familiares para identificar a las personas que incurren en estos ofrecimientos ilícitos y que el proceso oficial, gratuito y regulado, además de recibir asistencia estatal, no admite intervención externa.
El proceso de identificación avanza intensamente desde el 24 de marzo en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal en Bogotá.
Para ello, los equipos científicos efectúan procedimientos técnicos rigurosos coordinados entre forenses, odontólogos y genetistas, incluso ante la complejidad derivada del número de víctimas y las circunstancias del siniestro.
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La noche del miércoles 25 de marzo, el Ejército Nacional reportó la confirmación de los primeros doce identificados entre oficiales y soldados de distintas ramas —un dato clave que demuestra el progreso gradual en la restitución de la identidad y el retorno digno a sus familias.
La labor de Medicina Legal destaca por el compromiso ético en la entrega de respuestas y acompañamiento durante el proceso. Este bloque responde de manera directa y autónoma: El 23 de marzo, un accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, involucrando un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, provocó 69 muertes principalmente entre uniformados del Ejército Nacional, la FAC y el Gaula de la Policía Nacional.
El listado oficial identificó entre los fallecidos a Ariel Leonardo Villota Guevara y Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez de la Policía Nacional. Además, figuran oficiales como el teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla, el mayor Jaime Alexander Fernández Camargo y la mayor Natalia Rojas Velandia, confirmando así el impacto directo sobre diversas ramas de las fuerzas armadas.
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Investigación oficial y acompañamiento a las familias
El ministerio de Defensa recalcó que toda hipótesis prematura respecto a las causas del accidente resulta irresponsable y que las indagaciones se conducen bajo estricto rigor técnico y reserva oficial.
Las familias, más allá del impacto emocional de la pérdida, han sido objeto de engaños económicos aprovechando su necesidad de información y cierre.
La identificación oficial avanza conforme lo permite la ciencia forense, con entrega paulatina de los cuerpos. El Estado garantiza la gratuidad del proceso y el acompañamiento desde las instituciones, denunciando y persiguiendo a quienes pretendan lucrar con el dolor ajeno.
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Medicina Legal mantiene su compromiso público de asegurar “respuestas oportunas y un acompañamiento respetuoso en este proceso doloroso” con equipos especializados.
El accidente del avión Hércules dejó a decenas de familias en duelo y ha repercutido en el conjunto de las fuerzas armadas colombianas. Las autoridades insisten en que ningún particular debe solicitar pagos ni intervenir en el proceso de identificación, cuya integridad y dignidad están garantizadas por los organismos oficiales.
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