Voceros de la Defensoría del Pueblo informaron que en el Establecimiento Penitenciario Peñas Blancas de Calarcá, Quindío, más de 300 personas privadas de la libertad participaron en una jornada de desarme y entrega voluntaria de estupefacientes y elementos prohibidos.
La actividad estuvo acompañada por delegados de la Defensoría del Pueblo que organizaron el programa en el Patio 6 del centro asistencial, identificado como el sector del penal “con mayor presencia de bandas y conflictos relacionados con sustancias psicoactivas”.
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Allí, centenares de presos acudieron con objetos restringidos en los centros de reclusión y entregaron, voluntariamente, armas, drogas y otros elementos que están prohibidos en las celdas.
Según las imágenes difundidas desde la Defensoría del Pueblo, sobre una mesa los internos ubicaron 35 envoltorios pequeños y transparentes posiblemente usados para el consumo de estupefacientes, tres teléfonos celulares inteligentes, dos celulares de botones, cuatro pares de audífonos con cable, cargadores, un machete oxidado y cerca de 30 objetos cortopunzantes, entre ellos cuchillos de diferentes tamaños, navajas, bisturís, tijeras y destornilladores, todos organizados en filas.
Desde la entidad informaron que la iniciativa recibió respaldo mayoritario de la población reclusa, que adicionalmente accedió a unirse a estrategias para reducir factores de riesgo y violencia interna asociados al porte de armas y consumo de drogas dentro del penal.
De acuerdo con la Defensoría, Peñas Blancas es el principal centro carcelario del departamento, ubicado al sur del municipio de Calarcá sobre la vía que dirige al Valle del Cauca. Este centro penitenciario alberga a cerca de 1.155 personas y se encuentra en proceso de ampliación con la construcción de un pabellón anexo que funcionará como Centro de Reclusión Transitorio, proyecto destinado a aliviar el hacinamiento en estaciones de Policía del departamento.
Crisis sanitaria y hacinamiento en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, Quindío
En 2025, desde la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación se emitió una alerta sobre la situación crítica que por años ha enfrentado la población privada de la libertad en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional Peñas Blancas de Calarcá.
Las autoridades realizaron una verificación presencial en el penal y detectaron una marcada ausencia de condiciones mínimas para garantizar, principalmente, el derecho fundamental a la salud.
Por varios meses, el establecimiento no contó con un médico contratado, y se reportaron casos de retrasos y acumulación de procedimientos médicos urgentes, que afectaron a una población considerada de especial protección constitucional.
Esta deficiencia despertó inconformidad entre los internos, que en su momento manifestaron la posibilidad de recurrir a huelgas o amotinamientos debido a la falta de atención médica.
La situación sanitaria se agravó por el hacinamiento en el centro penitenciario, cuya capacidad es de 950 personas, y en mayo de 2025 llegó a albergar 1.194 internos.
El sobrecupo ha intensificado los problemas de salubridad y de acceso al agua potable, especialmente en el Patio 5A, donde se concentra la población más vulnerable que incluye adultos mayores, personas Lgbitq+ y pacientes con enfermedades de alto costo. Allí no se dispone de agua potable y los internos deben extraerla de un pozo antiguo.
El informe identificó casos de VIH, cáncer, diabetes, hipertensión, tuberculosis, infecciones respiratorias agudas y epilepsia entre los reclusos, que no recibieron atención médica regular ni acceso oportuno a tratamientos.
Ante la gravedad de la emergencia, desde la Procuraduría recomendaron al Inpec el cierre parcial del penal y la suspensión temporal de ingresos hasta garantizar la atención médica adecuada. Además, solicitaron al Fondo de Atención en Salud PPL y a Medisalud UT la asignación de personal de salud suficiente, y pidieron a las secretarías de salud departamental y municipal de Calarcá el envío de brigadas integrales de atención.