La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria tras la difusión de un video en el que dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en uso del uniforme institucional y actuando en representación de un sindicato, manifestaron públicamente su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, del Pacto Histórico.
La intervención pública de funcionarios activos en actividades políticas está expresamente prohibida por la normativa colombiana. De acuerdo con el Ministerio Público, la manifestación política de servidores públicos configura una falta disciplinaria que puede acarrear sanciones, incluidas suspensiones e inhabilidades para el ejercicio de cargos de esta categoría.
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El caso se dio a conocer después de que la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), encabezada por Óscar Robayo, divulgara en redes sociales un video donde, en nombre de la asamblea nacional de delegados, se respalda la candidatura de Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.
“El respaldo a la campaña presidencial para continuar este gobierno progresista es un mandato de nuestra asamblea”, declaró en la grabación uno de los funcionarios, acompañado por otro colega, ambos portando el uniforme de la institución.
La decisión de la Procuraduría podría derivar en suspensiones temporales, destituciones, inhabilidades y hasta procesos penales para los involucrados, en caso de determinarse que existió violación a la normativa vigente. El caso sigue en etapa de investigación y, según los lineamientos institucionales, se esperan pronunciamientos adicionales en los próximos días.
“Los funcionarios del sistema penitenciario y carcelario deben abstenerse de intervenir en política y evitar el uso de uniformes o insignias en actividades proselitistas”, advirtió el Inpec en su último comunicado. La Procuraduría ha reiterado que el principio de imparcialidad estatal prevalece sobre la autonomía sindical en el servicio público colombiano.
Respuesta institucional e impacto legal
La reacción de las autoridades fue inmediata. El Ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, expresó en su cuenta de X que “esto no refleja la posición institucional del Ministerio de Justicia y del Inpec. Los servidores públicos no pueden participar en política apoyando campañas específicas”.
El propio Inpec reiteró la prohibición vigente para sus funcionarios y subrayó que la participación en actividades políticas, el uso del uniforme o insignias institucionales y la recolección de apoyos ciudadanos están vetados para los servidores públicos, con el fin de garantizar la imparcialidad y transparencia del Estado.
“El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en investigaciones disciplinarias y procesos penales”, puntualizó la entidad. Además, la autoridad penitenciaria recordó que la prohibición de intervenir en política abarca toda participación en debates partidistas y la utilización del cargo público para beneficiar o perjudicar candidatos.
Reacciones internas y debate sindical
El video generó divisiones dentro del propio sindicato y entre funcionarios del Inpec. Aunque los protagonistas de la grabación señalaron que su declaración representaba a todos los trabajadores penitenciarios, otros empleados rechazaron que se atribuyera una postura única a la totalidad de los guardianes de la institución.
La UTP es uno de los más de diez sindicatos existentes en el Inpec, y no todos han manifestado respaldo a la candidatura de Iván Cepeda. Consultado por El Tiempo, Óscar Robayo, presidente de la UTP, defendió la acción argumentando que, al no formar parte de la fuerza pública, los trabajadores penitenciarios podrían participar en política en virtud del principio de autonomía sindical.
“Podemos hacerlo basados en el principio de autonomía sindical”, afirmó. No obstante, la Procuraduría sostiene que la restricción aplica a todos los funcionarios públicos, incluidos los sindicalizados.
El Ministerio de Justicia y el Inpec reiteraron que la restricción para la participación en política de los funcionarios públicos responde a la necesidad de preservar la transparencia en la administración pública y evitar la instrumentalización de cargos estatales para fines electorales.