El Consejo de Estado avaló la legalidad de la sesión del Senado en la que se negó la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, según información obtenida por El Tiempo, al desestimar las demandas que buscaban anular la votación.
El alto tribunal concluyó que “ninguno de los cargos prospera”, manteniendo la validez de la decisión adoptada con 52 votos negativos y 2 positivos, según ese medio de comunicación, en referencia a la plenaria del 14 de mayo de 2025.
La decisión desvirtúa los argumentos del Gobierno, que posteriormente desconoció el resultado del Senado mediante la figura de la excepción de inconstitucionalidad, en medio de una controversia institucional.
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Tribunal descarta irregularidades en la votación
El Consejo de Estado analizó una serie de demandas que cuestionaban el procedimiento de la sesión en la que el Senado negó la consulta popular. Entre los señalamientos estaban supuestas inconsistencias entre el número de senadores presentes y los votos registrados, así como presuntas vulneraciones al derecho al voto de algunos congresistas.
También se alegaba que hubo modificaciones indebidas en el voto de un senador, falta de lectura previa de la proposición, participación irregular de un congresista presuntamente inhabilitado y dudas sobre el tiempo de votación y la certificación del cuórum decisorio. Sin embargo, tras revisar las pruebas, el tribunal concluyó que ninguno de estos argumentos tenía sustento suficiente para anular la decisión del Senado.
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En ese sentido, determinó que la diferencia entre asistentes y votos se explicó por el retiro voluntario de uno de los congresistas, lo que no afecta la validez del resultado. Además, señaló que la votación cumplió con los principios de publicidad y conocimiento, descartando que se hubiera vulnerado el debido proceso legislativo.
El análisis también confirmó que el tiempo de votación y el manejo del cuórum se ajustaron a lo establecido en la Ley Quinta, lo que refuerza la legalidad del procedimiento seguido durante la sesión.
Contexto del ‘decretazo’ y efectos del fallo
La decisión del Consejo de Estado se da en medio de la controversia generada por la consulta popular propuesta por el Gobierno para impulsar reformas clave, como la laboral y la de salud, que enfrentaban dificultades en el Congreso. En particular, la reforma laboral había sido hundida en la Comisión VII, lo que llevó al Ejecutivo a buscar una salida mediante este mecanismo de participación ciudadana.
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No obstante, como lo establece la Constitución, la consulta debía contar con la aprobación del Senado, que finalmente negó la iniciativa en la sesión del 14 de mayo de 2025. Posteriormente, el Gobierno decidió desconocer esa decisión mediante la figura de la excepción de inconstitucionalidad y expidió el decreto de convocatoria, lo que generó un intenso debate jurídico y político.
Con este fallo, el Consejo de Estado ratifica que el Senado actuó conforme a la ley al negar la consulta popular, lo que fortalece la validez institucional de esa decisión. Además, aclaró que el senador Ciro Ramírez Cortés sí podía participar en la sesión, descartando uno de los cuestionamientos clave de las demandas.
La sentencia implica que la resolución del Senado se mantiene en firme y no presenta vicios que la invaliden, cerrando así, al menos en esta instancia, la discusión sobre la legalidad del procedimiento legislativo. También deja planteado un debate más amplio sobre el equilibrio entre poderes y los límites de las decisiones del Ejecutivo frente a las determinaciones del Congreso
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