Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) siguen con varios reparos a la reforma pensional que impulsó el Gobierno nacional y que está siendo estudiada por la Corte Constitucional.
Santiago García, CEO de Skandia Colombia, señaló que, aparte de los cambios al sistema de pensiones, el aumento del 23% del salario mínimo para 2026 complica la sostenibilidad de su sector.
“Cuando el gobierno incrementa el salario mínimo, y es muy por encima de la inflación, deben existir unas coberturas para que el sistema pensional sea sostenible”, sostuvo en diálogo con La República.
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En reacción, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para cuestionar a García; y señalar que el aumento del salario mínimo es fundamental para fortalecer el sistema de pensiones.
“El sistema pensional debe ser aquel capaz de generar pensiones en primer lugar, y pensiones que se ajusten a la canasta vital. Un sistema pensional que no pensione a los trabajadores o deja que los pensionados mueran de hambre no sirve (sic)”, escribió en su cuenta de X.
En su análisis, Petro afirmó que la iniciativa que impulsó durante su periodo en la Casa de Nariño permitirá que todos los colombianos accedan a una mesada cuando se jubilen.
“La reforma pensional del gobierno que hoy es ley, pero no aplicada por la falta de decisión de la corte constitucional, permite bajar el déficit fiscal y llegar a la universalidad del derecho pensional(sic)“, explicó el primer mandatario.
Sobre la sostenibilidad de las AFP, aseveró que los recursos obtenidos por los aportes en pensión no están ligados al sueldo de los trabajadores, sino a la productividad y el capital del país.
“La sostenibilidad de las pensiones en el largo plazo no depende de los salarios reales de los trabajadores, depende de la riqueza nacional y esta depende de la producción real y de la productividad del trabajo”, expuso Petro.
Movida del Gobierno Petro con el ahorro pensional hacia Colpensiones sería ilegal: Banco de la República explicó la razón
El Banco de la República advirtió que la iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro para transferir anticipadamente los ahorros pensionales de los trabajadores hacia Colpensiones podría ser ilegal. Según el análisis presentado por la banca central, ejecutar esta transferencia antes de que los afiliados consoliden su derecho pensional —en un contexto de revisión e incertidumbre de la reforma estructural— podría poner en riesgo tanto la seguridad jurídica como la estabilidad financiera del sistema.
La preocupación del Emisor se intensifica porque la Ley 2381 de 2024, pilar fundamental de la reforma pensional, permanece parcialmente suspendida tras una decisión de la Corte Constitucional, que solo mantiene vigentes ciertos artículos. Esta suspensión creó un entorno de inseguridad y precariedad jurídica tanto para millones de afiliados como para las instituciones que gestionan los fondos de pensiones. El informe remitido al Ministerio del Trabajo —sustento de la advertencia del banco central— recalca que “el contexto jurídico en el que se pretende aplicar el decreto es todavía incierto y no completamente consolidado”.
El documento entregado por el Banco de la República expone que bajo la normativa vigente, “los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual seguirán siendo administradas por las administradoras de fondos de pensiones (AFP) hasta el momento en que se consolide la pensión”. Así las cosas, permitir el traslado de recursos antes de este punto, por vía reglamentaria y no legislativa, excedería la autoridad del Ejecutivo y modificaría de manera sustancial el esquema diseñado por el legislador, según advierte la banca.
En términos financieros, el análisis subraya el peligro de movilizar en poco tiempo sumas muy elevadas mediante la ventana de oportunidad planteada. Una parte considerable de los recursos administrados por las AFP está invertida en títulos de deuda pública (TES), activos esenciales para la estabilidad del mercado nacional.
En palabras del informe: “La magnitud del traslado de recursos, sumada a los plazos establecidos para su ejecución, podría generar ‘implicaciones no despreciables sobre el funcionamiento de los mercados locales’”.