La preocupación sobre el riesgo de un apagón y la sostenibilidad del sistema energético colombiano tomó fuerza luego del pronunciamientos opuestos del Gobierno nacional y de la Contraloría General de la República (CGR). Mientras el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, rechazó la posibilidad de un racionamiento inminente y resaltó los avances en energías limpias, la Contraloría advirtió sobre amenazas de desabastecimiento y reclamó medidas urgentes para fortalecer la seguridad energética.
Dentro de la discusión está en la revisión del cargo por confiabilidad (componente de la factura de energía eléctrica en Colombia, cerca del 7% - 8% del total, que pagan los usuarios para asegurar el suministro de luz, con lo que se evitan apagones durante sequías o situaciones críticas), así como el nivel de reservas de gas y petróleo, y los retos estructurales del sector.
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Colombia enfrenta tensiones por el suministro eléctrico, por lo que la Contraloría señaló riesgos de racionamiento, incremento de tarifas y brecha de acceso, mientras el Gobierno subraya la robustez de la matriz energética. Según cifras oficiales, el cargo por confiabilidad supone un monto cercano a $6 billones anuales cubierto por los usuarios, y las reservas actuales proyectan apenas algunos años más de autosuficiencia en gas y petróleo.
La posición oficial del Ejecutivo defiende una evaluación del sector con perspectiva a largo plazo, con énfasis en los resultados en energías limpias y el atractivo para inversionistas. Ante esto, el ministro de Minas y Energía, durante el Foro “Abastecimiento con calidad y almacenamiento energético en Colombia 2020-2030″, explicó que “no se puede simplificar la discusión energética a tres años. Un proyecto de gas puede tomar entre 10 y 12 años”. Recordó intentos pasados de exploración no exitosos y resaltó que “es importante sincerar y tener algo de autocrítica en el análisis y en el diagnóstico”.
De igual manera, el funcionario cuestionó la narrativa centrada en un posible apagón e insistió en que las alertas de desabastecimiento pueden afectar la confianza del sector privado. Destacó que la capacidad instalada de energía solar “se ha multiplicado por 20 durante este Gobierno”, lo que abrió oportunidades a todas las tecnologías en las subastas energéticas. Además, indicó que el Gobierno avanzó en la planeación del abastecimiento de combustibles y en alternativas logísticas para enfrentar los desafíos derivados del entorno internacional.
Riesgos y advertencias de la Contraloría sobre el sistema energético colombiano
El contralor Carlos Hernán Rodríguez, expuso en un informe varios riesgos energéticos en Colombia relacionados con posibles racionamientos, aumentos de tarifas y persistentes dificultades de acceso, especialmente en zonas rurales. Rodríguez señaló que estos riesgos derivan de la falta de nuevos proyectos y el incumplimiento del pago de deudas acumuladas, afectando la estabilidad y cobertura del sistema.
El informe sectorial precisa que “la producción de gas disponible para la venta es menor a la fiscalizada de manera oficial. Durante 2024, solo el 67% del gas extraído se comercializó, situación que llevó a importar gas natural licuado para cubrir la demanda interna”. El organismo de control alertó que el agotamiento de campos y la escasa adición de nuevas reservas aumentan el riesgo de desabastecimiento desde 2026.
Según los datos oficiales, las reservas probadas de gas representan un horizonte de autosuficiencia de 5,9 años, mientras que las de petróleo cubren solo 7,2 años. Ante esta perspectiva, la Contraloría urgió a consolidar la administración energética y priorizar las inversiones que aseguren el suministro nacional. Además, destacó la ausencia de proyectos de regasificación en la costa Pacífica y la falta de redundancia en la infraestructura de transporte como factores que incrementan la vulnerabilidad, especialmente en zonas del interior del país.
Cargo por confiabilidad y propuestas de reforma
La discusión por el futuro del cargo por confiabilidad, un componente clave de la factura eléctrica, se intensificó por la vigencia que tiene de tres décadas. Según Palma, “son cerca de $6 billones al año. Después de 30 años, es un esquema que debe revisarse”.
El ministro enfatizó en la necesidad de analizar si este instrumento sigue cumpliendo su fin. “El cargo por confiabilidad hay que revisarlo, porque es un cargo que pagan los usuarios, $6 billones al año lo pagan los usuarios y cuando hemos tenido fallas en la confiabilidad, las plantas y las empresas nos han fallado, al punto que ha tenido que entrar la Superintendencia a interferir en muchas ocasiones”, afirmó.
Palma resaltó que no se puede considerar perfecto el sistema después de tanto tiempo, por lo que el Gobierno se compromete a actualizar aquellos esquemas que ya no resultan efectivos, con lo que buscan proteger a los usuarios y salvaguardar el equilibrio del sistema eléctrico en su conjunto.
Retos estructurales y desafíos para la seguridad energética
Dentro de los retos identificados tanto por el Gobierno como por la Contraloría figuran:
- Lentitud en la ejecución de nuevos proyectos.
- Falta de incorporación de reservas.
- Desafíos logísticos vinculados a la infraestructura energética.
Rodríguez advirtió que garantizar el acceso universal a la electricidad sigue siendo un reto mayor en muchas regiones rurales, donde la brecha de cobertura es persistente. Además, apuntó que la vulnerabilidad en el interior del país y la costa Pacífica se agrava por la ausencia de proyectos de regasificación y la falta de redundancia en los sistemas de transporte, factores que, sumados a la baja incorporación de nuevas reservas, incrementan el riesgo de desabastecimiento a partir de 2026.