Un día después de que la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación informaran sobre el desmantelamiento de una red clandestina de pelea de perros, el ente acusador entregó nuevos detalles de la operación delictiva.
Las autoridades descubrieron que para ingresar al evento clandestino denominado como “Mundial de perros” en una finca del municipio de La Calera, los asistentes debían pagar entre 200.000 y 300.000 pesos colombianos.
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La cifra, confirmada por la Policía Judicial, no solo cubría el acceso, sino que alimentaba un sistema de apuestas ilegales en el que participaron personas de Colombia, República Dominicana, Ecuador y Venezuela.
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El evento se organizaba de forma privada y selecta. La convocatoria ocurría lejos de la vista pública, mediante grupos cerrados y redes sociales, según informó la Fiscalía.
Los investigadores detallaron que el lugar estaba acondicionado como un pequeño coliseo: había un cuadrilátero de madera, sillas de plástico y zonas para bebidas y alimentos, mientras que las apuestas circulaban entre los asistentes, quienes presenciaban los enfrentamientos entre perros nacionales y animales traídos del extranjero.
La intervención de las autoridades ocurrió en pleno desarrollo de las peleas. El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dirección de Carabineros, irrumpió en la finca de la vereda Aurora Alta, encontrando a los animales en condiciones críticas.
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Cómo funcionaba el sistema de apuestas y acceso
El requisito para presenciar la convención era el pago previo de una suma que variaba entre 200.000 y 300.000 pesos colombianos. Este monto permitía a los asistentes no solo entrar al recinto, sino también participar en las apuestas ilegales que se generaban durante los combates.
Las autoridades constataron que la organización tenía un sistema definido para recibir los pagos, proteger la identidad de los participantes y seleccionar a los asistentes mediante invitaciones privadas.
Además, durante los eventos clandestinos, los asistentes también participaban de apuestas que podían alcanzar hasta los 2.000 dólares, es decir, un aproximado de ocho millones de pesos.
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En este operativo, las autoridades hallaron un escenario preparado para el espectáculo: un kiosco con rastros de sangre evidenciaba la violencia de las peleas. La Fiscalía indicó que el ambiente estaba diseñado para facilitar las apuestas y la interacción entre apostadores, quienes apostaban sumas adicionales según el desarrollo de cada combate.
La irrupción policial permitió rescatar a 12 perros vivos, muchos en estado de salud crítico. Además, los agentes encontraron a cuatro caninos usados como “carnada” para estimular la agresividad de los demás animales antes de cada pelea, y a dos más sin vida.
Identidad de los implicados y proceso judicial
El ente investigador identificó a Juan Esteban León Ramírez como principal organizador del evento y a Carlos Cifuentes Hernández como el veterinario responsable del cuidado de los animales.
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Según la Fiscalía, León Ramírez gestionaba las invitaciones y las apuestas a través de plataformas digitales cerradas, mientras que Cifuentes Hernández se encargaba de la atención sanitaria, aunque sin evitar el daño a los animales.
El proceso judicial avanzó rápidamente. Las autoridades imputaron a trece personas los delitos de muerte y lesiones graves contra animales, bajo agravantes por la modalidad clandestina y la crueldad documentada. La Fiscalía informó que “todos los cargos fueron aceptados” por los procesados.
León Ramírez y Cifuentes Hernández permanecen bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario. Los otros once implicados seguirán vinculados al proceso a la espera de sentencia, mientras los perros sobrevivientes inician un proceso de recuperación y protección bajo custodia de las autoridades ambientales.
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La investigación reveló que la magnitud de las apuestas y la participación internacional hacían de este evento uno de los más organizados detectados en el país, con un sistema de acceso y apuestas que buscaba eludir la acción de las autoridades.