El Gobierno de Colombia evalúa la posible liquidación de hasta ocho Entidades Promotoras de Salud (EPS) por su estado financiero y retrasos en la entrega de medicamentos, medida que podría afectar a más de 20 millones de usuarios.
Durante una visita a Ramiriquí, Boyacá, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió la medida del gobierno de Gustavo Petro de liquidar algunas EPS. Además, argumentó que la decisión responde a las presuntas fallas de estas entidades en el suministro de medicamentos. ”Eso tiene que corregirse y es lo que el señor presidente de la República está buscando”, afirmó en dialogos con Caracol Radio, refiriendose, precisamente a la liquidación de ocho EPS.
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El Gobierno considera la liquidación de estas EPS a raíz de su incapacidad financiera y reiteradas fallas en el suministro de medicamentos, lo que impactaría a más de 20 millones de usuarios del sistema de salud colombiano.
Jaramillo se refirió a la demora de las empresas prestadoras de salud an la entrega de medicamentos: “Encontramos una situación compleja. Es el llamado que estamos haciendo y la permanente denuncia ante la superintendencia y ante las EPS: si les estamos pagando deberían estar suministrando los medicamentos y no estar sometiendo a las gentes a una cantidad de situaciones que se vuelven inhumanas al tener a adultos mayores a mujeres embarazadas, niños haciendo cola para que muchas veces ni siquiera les entreguen la totalidad de los medicamentos“, explicó Jaramillo en declaraciones a Caracol Radio.
Las entidades bajo revisión incluyen:
- Asmet Salud
- Capresoca
- Coosalud
- Emssanar
- Famisanar
- Nueva EPS
- SOS
- Savia Salud
Estas EPS agrupan una proporción considerable de los afiliados a nivel nacional.
Más de 20 millones de usuarios en riesgo tras anuncio del Gobierno
La liquidación de las ocho EPS consideradas afectaría directamente a una población superior a 20 millones de personas en Colombia. Esta acción representaría cambios notables en el acceso a medicamentos y tratamientos para una parte significativa de la ciudadanía.
Entre las EPS señaladas destacan Nueva EPS y Famisanar. El volumen de usuarios asignados a estas entidades convierte su posible liquidación en un reto logístico de gran envergadura. Las investigaciones se centran en las demoras en las autorizaciones y en la falta de cumplimiento con la provisión de fármacos.
El debate alcanzó nuevas dimensiones tras el fallecimiento en Tunja de Jaisson Javier Pinzón, un joven de 20 años que no recibió un medicamento vital para su trasplante de médula.
El ministro subrayó que se vuelven “situaciones inhumanas” las vividas por adultos mayores, mujeres embarazadas y niños, que pasan largas esperas y, frecuentemente, no obtienen la totalidad de los medicamentos prescritos".
De acuerdo con el Ministerio de Salud, los recursos para las EPS han sido girados, pero los inconvenientes en la atención persisten. Por ello, el Gobierno incrementará la vigilancia y tomará medidas estrictas, incluida la liquidación de aquellas entidades que no mejoren su desempeño, como lo detalló Jaramillo al medio mencionado.
El objetivo central es garantizar el acceso digno y puntual a los medicamentos, cerrando la brecha entre el dinero invertido y los servicios que reciben los ciudadanos. La administración central, en coordinación con la Superintendencia y otros entes de control, asegura que corregir las fallas evidenciadas es una prioridad para el presidente y su equipo.
El Gobierno prevé radicar nueva reforma sanitaria y tributaria en julio de 2026
El Gobierno de Gustavo Petro ordenó la liquidación inmediata de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentran en quiebra tras la negativa del Congreso a aprobar la reforma a la salud y la reciente suspensión del Decreto 0182 de 2026.
La administración descartó asumir la deuda histórica del sector, cifra que alcanza los 50 billones de pesos, una decisión que, según el presidente, busca preservar la estabilidad fiscal del país.
La medida recae sobre EPS en situación financiera insostenible, decisión motivada por la providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, que suspendió el decreto del Ejecutivo que intentaba reorganizar territorialmente a los afiliados y facilitar un sistema más eficiente y preventivo.
El mandatario afirmó que, con la reforma rechazada por el Congreso y la vía administrativa bloqueada judicialmente, “ya no queda sino este último trato”, en palabras de Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros del lunes 16 de marzo.
Durante su intervención, Petro enfatizó: “Sacar 50 billones de pesos del Gobierno para trasladarlos a pagar la deuda de las EPS sería un suicidio para Colombia”, destacando que la deuda corresponde a los dueños privados de las entidades y que no se comprometerán recursos públicos en su rescate.
Además, el presidente aclaró que el Estado no es responsable de la crisis de las EPS; de hecho, declaró: “No las quebramos nosotros, les dimos más dinero que nunca”, y atribuyó el colapso a décadas de presunta malversación no investigada en profundidad,