Cada año, miles de millones de pesos dejan de entrar a las arcas del Estado colombiano por decisiones que, aunque suelen pasar desapercibidas para el público general, tienen un impacto directo en las finanzas del país. Se trata de los llamados beneficios tributarios: mecanismos que reducen el monto de los impuestos que deben pagar empresas o ciudadanos y que, en conjunto, representan uno de los mayores retos para la sostenibilidad fiscal.
La discusión sobre estos beneficios volvió al centro del debate económico en medio de un escenario complejo para las cuentas públicas. El aumento del déficit fiscal, sumado a ingresos por debajo de lo esperado, obligó al Gobierno a buscar nuevas fuentes de financiamiento mediante reformas tributarias, leyes de financiamiento e incluso decretos en contextos de emergencia económica. Sin embargo, hay un componente del sistema tributario que rara vez se revisa con la misma intensidad, los recursos que el Estado deja de recaudar por las exenciones y descuentos vigentes.
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De acuerdo con estimaciones del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, el costo de estos beneficios creció de forma sostenida en los últimos años. Solo en 2023 alcanzaron cerca de $136 billones, una cifra que equivale aproximadamente al 8,7% del Producto Interno Bruto. En términos simples, se trata de dinero que el Estado decide no cobrar como parte de su política tributaria.
Para entender el alcance del fenómeno es necesario explicar qué son exactamente estos beneficios. En el sistema fiscal colombiano pueden tomar varias formas, exenciones, deducciones, descuentos tributarios o tarifas especiales. Aunque cada mecanismo funciona de manera distinta, todos tienen algo en común: reducen los ingresos del Estado.
Las exenciones, por ejemplo, liberan del pago de impuestos a determinados bienes, servicios o ingresos. En el caso del IVA, varios productos alimenticios, medicamentos y servicios educativos cuentan con este tipo de tratamiento. Las deducciones, por su parte, permiten restar ciertos gastos antes de calcular el impuesto, lo que disminuye la base gravable. Los descuentos tributarios funcionan de otra manera, se aplican directamente sobre el valor final del impuesto ya calculado. Finalmente, existen tarifas especiales que establecen porcentajes inferiores al estándar para actividades o sectores específicos, como ocurre con algunos bienes que pagan IVA del 5% o con el impuesto de renta de las zonas francas.
Aunque estas herramientas suelen justificarse como incentivos para estimular la inversión o promover sectores estratégicos, su magnitud despertó cuestionamientos. En un contexto de restricciones presupuestales y crecientes demandas sociales, cada peso que el Estado deja de recaudar implica menos recursos disponibles para financiar políticas públicas.
Las cifras permiten dimensionar el tamaño del fenómeno. Entre 2019 y 2023, el gasto tributario pasó de cerca de $68 billones a más de $136 billones. El IVA concentra la mayor parte de estos beneficios, solo en 2023, las exenciones, exclusiones y tarifas reducidas asociadas a este impuesto representaron más de $88 billones.
El impuesto de renta a empresas también refleja una tendencia significativa. Según cálculos del Observatorio Fiscal con base en datos de la Dian, los beneficios tributarios en este tributo superaron los $25 billones en 2023. Sin embargo, la distribución de estos alivios no es homogénea dentro del tejido empresarial.
Las cifras muestran una fuerte concentración. El 10% de las empresas con mayores ingresos concentra cerca del 96% de los ingresos no constitutivos de renta y de las rentas exentas, además de alrededor del 99% de los descuentos tributarios. En otras palabras, la mayor parte de estos beneficios termina en manos de un grupo relativamente reducido de compañías de gran tamaño.
También hay diferencias importantes entre sectores económicos. Más de la mitad de los beneficios en renta empresarial se concentra en actividades financieras, inmobiliarias y de seguros, así como en el sector comercio. En particular, las actividades financieras representan cerca del 30% del total de beneficios, mientras que el comercio concentra aproximadamente el 18%. Otros sectores como la minería también registran montos significativos por empresa, lo que evidencia que el impacto de estos incentivos puede variar considerablemente según la actividad económica.
El caso del IVA plantea otro debate relevante. Aunque muchas exenciones se justifican para proteger el consumo de bienes básicos, su efecto redistributivo no siempre es positivo. Los hogares de mayores ingresos suelen consumir más bienes y servicios que cuentan con tarifas reducidas o están exentos, por lo que terminan capturando una parte importante de esos beneficios.
Esto abre una pregunta inevitable sobre el diseño del sistema tributario. ¿Los beneficios actuales realmente impulsan el crecimiento económico y la equidad, o terminan debilitando la capacidad del Estado para financiar sus prioridades?
La comparación internacional añade otra capa al análisis. Colombia es uno de los países de América Latina con mayor gasto tributario en proporción al tamaño de su economía. Mientras estos beneficios representan más del 8% del PIB en el país, en economías como Uruguay alcanzan alrededor del 6%, en Ecuador cerca del 4,9% y en Guatemala apenas superan el 2%.
Ante este panorama, distintos expertos coinciden en la necesidad de revisar con mayor rigor estas medidas. Desde el Observatorio Fiscal plantean que cualquier beneficio debería evaluarse antes de su creación y también durante su vigencia, para determinar si realmente cumple el objetivo para el cual fue diseñado.