La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra cuatro jurados de votación en Barranquilla por presuntas irregularidades en la entrega de resultados de las elecciones de Senado y Cámara, realizadas el 8 de marzo de 2026.
Según el Ministerio Público, la pesquisa se debe a diferencias significativas encontradas en los formularios electorales.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
En el proceso, según la Procuraduría, identificó que en dichos registros aparecieron más sufragantes en los formularios finales que los previamente habilitados para votar, lo que llevó a la destrucción de los votos excedentes.
“La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a cuatro particulares que ejercieron como jurados de votación en la zona 11, puesto 3 mesa 11 del distrito de Barranquilla, durante las Elecciones de Senado y Cámara de Representantes del pasado ocho de marzo de 2026, por presuntas irregularidades en la entrega de resultados”, indicó el Ministerio Público.
Entre los jurados investigados se encuentran Javier Fonseca Villanueva, Sandra Milena Henao Nieto, Jerson Yesid Rengifo Consuegra y Caterine Martínez Villegas. La revisión del caso estará a cargo de la Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico, de acuerdo con la información entregada por el Ministerio Público.
Diferencias en los formularios electorales y votos incinerados
De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, para el Senado, el formulario E-11 consignaba 183 ciudadanos habilitados para sufragar, mientras que el E-14 registró 290 sufragantes. Esto originó una diferencia de 107 votos que debieron ser incinerados conforme a la normativa.
“La entidad señaló que, al parecer, al revisar los formularios electorales correspondientes a la elección de Senado se observó que en el formulario E-11 estaban habilitados para votar 183 ciudadanos; sin embargo, al verificar el E-14 se evidenció el registro de 290 sufragantes, generándose una diferencia de 107 votos, los cuales debieron ser incinerados”, expresó la Procuraduría.
En el caso de la Cámara de Representantes, se repitió la discrepancia: el formulario E-11 tenía la misma cantidad de habilitados, pero el E-14 sumó 395 sufragantes, generando una diferencia de 212 votos incinerados de acuerdo con el procedimiento electoral, detalló la entidad.
“Con respecto a la Cámara de Representantes, el Ente de control indicó que se encontró que en el formulario E-11 figuraban el mismo número de ciudadanos habilitados para sufragar, y que en el formulario E-14 aparecieron consignados 395 sufragantes, generándose una diferencia de 212 votos que, al igual que en el caso anterior, debieron ser incinerados”, afirmó el Ministerio Público.
La entidad precisó que estas divergencias sustanciales en los formularios motivaron la apertura de la investigación disciplinaria y la destrucción de los votos no justificados.
Próximas etapas del proceso disciplinario
La Procuraduría ordenó a la Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico reunir pruebas documentales para esclarecer los hechos y determinar la razón de las discrepancias en el conteo.
“Por los hechos mencionados, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos objeto de la presente actuación procesal”, aseveró la Procuraduría.
El caso continuará en fase investigativa, centrado en recolectar información que ayude a establecer las circunstancias en las que ocurrieron las presuntas irregularidades, de modo que se puedan definir eventuales responsabilidades.
Si los cuatro jurados de votación de Barranquilla son declarados culpables por la Procuraduría General de la Nación, podrían enfrentar sanciones como destitución, inhabilidad para ejercer cargos públicos, suspensión temporal y multas, según la gravedad de la falta.
Además, quedarían registrados antecedentes disciplinarios que dificultarían su acceso a empleos estatales. Si se detectan delitos, el caso podría pasar a la Fiscalía y derivar en procesos penales, con riesgo de prisión. Estas acciones buscan garantizar la transparencia y la legalidad en los procesos electorales, así como prevenir futuras irregularidades en la entrega de resultados en comicios.