La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exsecretario general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Michael Oyuela Vargas, por presuntas irregularidades relacionadas con la convalidación de requisitos de idoneidad y experiencia de una servidora que fue vinculada a la entidad mediante un contrato de prestación de servicios.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal señaló que los hechos que motivaron la apertura de la investigación disciplinaria estarían relacionados con la elaboración y firma de los estudios previos necesarios para formalizar un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en la vigencia 2024.
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El organismo de control indicó que al parecer se habrían presentado falencias en la suscripción de los estudios previos y en los certificados expedidos para respaldar la contratación, lo que habría permitido vincular a una persona cuyo perfil no correspondería con el valor del contrato suscrito.
La Procuraduría también señaló que la persona contratada habría presentado un título profesional que “habría sido obtenido de manera aparentemente irregular”, circunstancia que ahora hace parte de las verificaciones dentro del proceso disciplinario.
En ese contexto, la investigación busca establecer si las autoridades responsables de la contratación verificaron adecuadamente los requisitos exigidos para desempeñar las funciones relacionadas con el contrato de prestación de servicios.
En el expediente también se analiza la posible participación del entonces subdirector para el Manejo de Desastres, Rafael Enrique Cruz Rodríguez. De acuerdo con la información conocida por el Ministerio Público, el funcionario posiblemente suscribió los estudios previos y el certificado de idoneidad y experiencia aportados por la persona vinculada a la entidad.
La Procuraduría deberá determinar si dichas actuaciones se ajustaron a los procedimientos establecidos para la contratación estatal y si los funcionarios involucrados cumplieron con los deberes relacionados con la verificación de los requisitos exigidos para la prestación del servicio.
Práctica de pruebas para esclarecer los hechos
Dentro de la decisión de apertura de investigación disciplinaria, el Ministerio Público ordenó la práctica de varias pruebas documentales con el propósito de avanzar en la verificación de los hechos que motivaron la actuación.
Estas diligencias buscan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos objeto de la investigación, así como revisar los documentos relacionados con la contratación y los soportes presentados por la persona vinculada.
Entre los elementos que serán analizados se encuentran los estudios previos del contrato, los certificados de experiencia e idoneidad profesional, así como los documentos que acreditan la formación académica presentada por la funcionaria. Cabe aclarar que el proceso disciplinario se encuentra en etapa inicial, por lo que el ente de control deberá evaluar la información recolectada durante la práctica de pruebas antes de definir eventuales responsabilidades disciplinarias.
Conjueces deberán resolver empate en la Corte Suprema por caso Ungrd
Mientras avanza la investigación disciplinaria relacionada con la contratación en la Ungrd, en la Corte Suprema de Justicia persiste un empate en la Sala de Instrucción frente a la decisión de llamar a juicio y ordenar o no la captura de seis congresistas investigados dentro del mismo entramado de corrupción.
Debido a la falta de consenso entre los magistrados, dos conjueces deberán intervenir para definir la decisión judicial. Los abogados Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado fueron designados para resolver el empate que mantiene en suspenso la situación jurídica de los implicados.
Los congresistas investigados dentro del proceso son Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Pablo Gallo, así como el exrepresentante a la Cámara Juan Diego Muñoz. Todos ellos han sido señalados dentro de las investigaciones por el presunto desvío de recursos destinados a atender emergencias en el país a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La discusión se centra en la ponencia presentada por el magistrado Misael Rodríguez, quien propuso acusar formalmente a los seis congresistas y ordenar su envío a prisión preventiva. De acuerdo con el documento, los implicados deberían responder en juicio por el delito de cohecho impropio, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación.