La justicia colombiana inició el proceso formal para imputar cargos contra el candidato a la Cámara de Representantes Víctor Hugo Moreno Bandeira, detenido en las últimas horas en Leticia. La audiencia se desarrolla ante un juez de la República luego de que las autoridades lo sorprendieran con 20 millones de pesos en efectivo cuando se encontraba cerca del aeropuerto de esa ciudad.
El caso está en manos de la Fiscalía General de la Nación, que busca que el aspirante al Congreso sea procesado por el delito de cohecho por dar u ofrecer, una figura penal que se aplica cuando alguien intenta entregar dinero u otro beneficio a un funcionario público para influir en sus decisiones o evitar una acción oficial.
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De acuerdo con la investigación preliminar, la Policía Nacional de Colombia realizó un procedimiento en inmediaciones del aeropuerto de Leticia, capital del departamento de Amazonas. Durante esa intervención, los uniformados detectaron que Moreno transportaba una bolsa con dinero en efectivo.
Según lo expuesto por la fiscal Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial, el político presuntamente habría ofrecido dinero a los agentes para evitar que el efectivo fuera incautado.
“Estaría implicado en el ofrecimiento de dinero para evitar la incautación de 20 millones de pesos en efectivo que transportaba. Un fiscal de la Seccional Amazonas le imputará el delito de cohecho por dar u ofrecer”, señaló la funcionaria al presentar el balance de las actuaciones judiciales relacionadas con la jornada electoral.
La audiencia de imputación es una de las primeras etapas del proceso penal. En este punto, la Fiscalía le comunica formalmente al investigado cuál es el delito que considera que pudo cometer y cuáles son los hechos que sustentan esa acusación preliminar. No se trata todavía de una condena ni de una declaración de culpabilidad, sino de un paso para que el caso avance dentro del sistema judicial.
El caso de Moreno hace parte de un conjunto de actuaciones que las autoridades han adelantado durante la jornada electoral en la que se eligen nuevos integrantes del Congreso. Según el reporte entregado por la Fiscalía, dos candidatos han sido capturados en medio de los comicios.
El otro es Freddy Camilo Gómez Castro, aspirante al Senado por el Partido de la U, cuya detención se produjo en Bogotá. De acuerdo con la investigación, Gómez aparece mencionado dentro de una red de contrabando que las autoridades atribuyen al colombo-español Diego Marín Buitrago.
Según la Fiscalía, las evidencias reunidas indican que el candidato al Senado habría mantenido contactos con funcionarios y autoridades con el fin de facilitar el ingreso, transporte y comercialización de mercancía que habría entrado al país de manera irregular.
El reporte presentado por la fiscal Jaramillo también incluye otros casos detectados durante las votaciones. En total, cinco personas fueron capturadas en los departamentos de Bolívar y Meta por presuntos hechos relacionados con corrupción al sufragante, una conducta que se configura cuando se intenta influir en el voto de los ciudadanos mediante dinero, regalos u otros beneficios.
A estas detenciones se suman 15 capturas realizadas por orden judicial. Entre los detenidos hay tres personas que estaban designadas como jurados de votación, lo que significa que debían participar en el proceso electoral atendiendo mesas de votación.
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, uno de los capturados es señalado de ser el presunto responsable del homicidio de una mujer de 47 años ocurrido en la ranchería Ware Ware, ubicada en Albania.
Otro de los detenidos tenía una orden judicial por su posible participación en el abuso sexual de una niña de nueve años ocurrido en Uribia en julio de 2022. La tercera persona fue localizada cuando llegó al puesto de votación que le correspondía en Turbaco, y será presentada ante la justicia por el delito de violencia intrafamiliar agravada.
Mientras avanzan estos procesos, el caso de Víctor Hugo Moreno continúa en etapa inicial. El juez deberá escuchar la imputación presentada por la Fiscalía y posteriormente definir las siguientes etapas del procedimiento judicial.