La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al representante a la Cámara David Racero en el proceso penal relacionado con el denominado “caso del fruver”, una investigación que se originó tras la divulgación de audios y conversaciones privadas a mediados de 2025.
La decisión se conoció el 6 de marzo de 2026 y abre una etapa en la que el alto tribunal evaluará el material recolectado para determinar si el congresista incurrió en conductas penales vinculadas con el presunto uso de recursos públicos para actividades privadas.
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La diligencia quedó programada para el 9 de marzo a las 8:00 de la mañana. La citación fue ordenada por el magistrado César Reyes, quien integró y presidió en el pasado esa sala del alto tribunal encargada de investigar penalmente a los congresistas.
Con este paso, el tribunal abre una fase en la que el legislador deberá entregar su versión sobre los hechos que se investigan, mientras los magistrados revisan el material probatorio reunido en el expediente.
El caso surgió después de que se hicieran públicos audios y chats en los que Racero hablaba sobre condiciones de contratación en un negocio familiar de frutas y verduras denominado “La Cosecha del Campo”, ubicado en el barrio Modelia de Bogotá.
En esas conversaciones se mencionaba una oferta laboral por un salario de un millón de pesos mensuales, con jornadas de 13 horas diarias —de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche— y sin reconocimiento de prestaciones sociales. También se describía que la persona contratada debía asumir múltiples tareas dentro del establecimiento.
Además de esa controversia, la investigación penal se concentra en otra acusación: la supuesta utilización de integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista para realizar actividades relacionadas con el negocio familiar.
En los chats filtrados aparece mencionado el conductor del legislador, Jhon Leonardo García, quien según el material divulgado habría recibido instrucciones sobre el manejo de dinero y asuntos administrativos del establecimiento.
A raíz de estas denuncias sobre presuntas exigencias de dinero a sus subalternos, la Procuraduría General de la Nación le abrió una indagación disciplinaria.
Por otro lado, el Consejo de Estado resolvió en febrero de 2026 una demanda que buscaba la pérdida de investidura de Racero. En esa decisión, el tribunal concluyó que no se acreditó de manera suficiente la causal de destinación indebida de recursos públicos y rechazó la solicitud que pretendía retirar al congresista de su cargo.
Sin embargo, esa decisión no cierra el frente penal. El proceso en la Corte Suprema sigue en curso porque ese tribunal es la autoridad competente para investigar a los congresistas por posibles delitos.
Con la indagatoria, los magistrados evaluarán las pruebas disponibles —incluidos los audios y conversaciones filtradas— para establecer si hubo un eventual desvío de funciones de empleados financiados con recursos del Estado hacia actividades de carácter privado.
El congresista ha negado sistemáticamente la explotación laboral y ha argumentado que las acusaciones son producto de un “linchamiento mediático” para afectar la reforma laboral del Gobierno. Sobre el dinero que le pedía a sus empleados, aseguró que era “común” que entre él y sus subalternos se hicieran préstamos de dinero por la confianza que se tenían
David Racero fue presidente de la Cámara de Representantes y figuraba como uno de los candidatos más fuertes del petrismo para las elecciones de 2026 (ya fuera para el Senado o la presidencia). Este escándalo representó un fuerte golpe a su credibilidad, especialmente porque la precarización laboral descrita en los audios contradecía frontalmente su discurso público.
Hasta el momento el político aún no se ha pronunciado al respecto de la citación del máximo tribual.