MinCultura respondió denuncias por presuntas trabas en el acceso a incentivos y fondos para el cine colombiano

El cine colombiano enfrenta trabas administrativas tras denuncias hechas públicas por Infobae Colombia y asociaciones de la industria audiovisual. Productores y gremios reclaman obstáculos y demoras que, según ellos, dificultan el acceso a incentivos fiscales fundamentales para el desarrollo de proyectos nacionales.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia respondió que el número de solicitudes para incentivos aumentó drásticamente entre 2023 y 2025 y aseguró que está adoptando medidas para agilizar los trámites y garantizar reglas claras y transparencia.

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Según precisó, las solicitudes subieron de 171 en 2023 a más de 400 en 2025, y en ese último año se aprobaron 196 proyectos por más de $383 mil millones.

“El crecimiento del sector ha sido notable. Las solicitudes para acceder a los incentivos de la Ley de Cine pasaron de 171 en 2023 a más de 400 en 2025. Ese mismo año se aprobaron 196 proyectos, entre largos y cortos, por más de $383 mil millones, frente a los $21 mil millones de 2023.”

Las denuncias recogidas por Infobae Colombia y respaldadas por una carta abierta, firmada por decenas de empresas, apuntan a que los trámites para obtener la resolución de reconocimiento de proyecto nacional y los certificados de inversión cinematográfica se han vuelto impredecibles y prolongados.

Representantes de la industria advierten que un trámite que antes tomaba “veinte días hábiles fácilmente se puede convertir en un año”, lo que afecta la viabilidad de los proyectos y genera inseguridad jurídica, de acuerdo con la Academia Colombiana de Cine.

Productores señalan que la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos (Dacmi) exige documentación no prevista en la ley y frecuentemente devuelve solicitudes, lo que obliga a rehacer los expedientes varias veces.

Según testimonios consultados por Infobae Colombia, “se están tomando atribuciones y están solicitando información que no corresponde a la ley”. La Academia Colombiana de Cine expresa preocupación por la falta de criterios públicos y uniformes en la evaluación de proyectos; aunque existe un manual de procedimientos, en la práctica los requisitos varían según la interpretación de los funcionarios.

Algunos miembros del sector relataron haber recibido presiones y advertencias informales. “Hay productores a los que los han llamado para advertirles que si insisten o hablan públicamente, después no les darán ningún peso”, declararon a Infobae Colombia. Este ambiente de temor fortalece, según las organizaciones, el reclamo de mayor transparencia institucional.

Además, el ministerio de las Culturas reconoció públicamente “el papel fundamental de productoras, productores y agentes del sector en la vida cultural del país”.

De acuerdo con la institución, el crecimiento de solicitudes y proyectos aprobados ha llevado a reforzar la capacidad institucional y adoptar medidas para “ponernos al día, agilizar los procesos y evitar vencimientos de las solicitudes, manteniendo reglas claras, el rigor normativo y transparencia para todo el sector”.

La cartera también destacó que la emisión de certificados de inversión cinematográfica pasó de 463 en 2023 por $71 mil millones a 904 por más de $151 mil millones en 2025. El organismo reiteró su compromiso de colaborar activamente con el sector, bajo principios legales y transparencia institucional.

El desarrollo futuro del cine colombiano dependerá de establecer condiciones estables y un entorno legal confiable para quienes invierten y crean en la industria audiovisual nacional, seg+un varios productores de cine, en dialogos con Infobae Colombia.

Las trabas administrativas mencionadas han repercutido directamente en la inversión y la continuidad de los proyectos cinematográficos. Testimonios reunidos por Infobae Colombia indican que la demora en la emisión de certificados disminuye el atractivo del sector: “si no salen los certificados de inversión cinematográfica a tiempo, los inversionistas pierden la posibilidad de deducir cifras importantes de su renta y se alejan del cine nacional”.

La legislación vigente permite una deducción de impuestos del 57,5% sobre la inversión en cine. Por ello, cualquier retraso implica un impacto económico significativo para productores y empresas. Hasta ahora, 17 empresas han informado sobre casos concretos de afectación, mientras el gremio estima que el número real sería mayor.

Además, algunos productores denunciaron diferencias en la agilidad de las resoluciones, apuntando que ciertos shows de comedia relacionados con Valencia Producciones obtuvieron aprobaciones rápidas, mientras que películas independientes enfrentaron mayores obstáculos, lo que genera dudas sobre criterios uniformes en la asignación de beneficios.

Las agrupaciones cinematográficas han exigido acciones inmediatas y reuniones presenciales con la ministra y la Secretaría General, de acuerdo con la carta citada por este medio solicitan la publicación de criterios de evaluación claros y uniformes, y la aplicación estricta del marco legal vigente, sin interpretaciones discrecionales.

La carta gremial advierte que los cambios frecuentes en la documentación exigida y las diferencias en los criterios de aprobación perjudican la captación de recursos y la seguridad jurídica. “El acceso y uso de beneficios fiscales legalmente establecidos no puede convertirse en un factor de sospecha cuando las actuaciones se realizan conforme a derecho”, añade una de las comunicaciones.

Comparado con el tratamiento a proyectos internacionales, la preocupación crece. los incentivos y devoluciones de fondos para películas extranjeras operan “como un relojito”, mientras que los procesos para nacionales implican más requisitos y lentitud.