Un importante operativo a nivel nacional se llevó a cabo en la mañana del jueves 5 de marzo de 2026 como parte del Plan Democracia, una estrategia orientada a prevenir actos de corrupción y asegurar condiciones de seguridad de cara a las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas previstas para el domingo 8 de marzo.
Desde las 5:00 a. m., 3.500 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) intervinieron simultáneamente 122 establecimientos carcelarios de orden nacional, con un total de 126 pabellones inspeccionados que tiene a 17.740 personas privadas de la libertad.
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El megaoperativo permitió decomisar un total de 670 teléfonos celulares, 1.655 accesorios para los equipos móviles, 23.391 gramos de estupefacientes, 2.415 litros de licor, $3’476.700 en efectivo, 494 armas blancas y 375 tarjetas SIM en diferentes penales del país.
Daniel Gutiérrez, director del Inpec, advirtió ante medios de comunicación que “la cifra en celulares es menor porque se han venido trabajando temas de prevención al ingreso de teléfonos”.
Elecciones legislativas en los centros penales del país
El operativo nacional responde también a la necesidad de garantizar la transparencia y la seguridad electoral en los centros penitenciarios, donde se habilitarán 130 puestos de votación ubicados en 117 cárceles.
De acuerdo con información entregada por el coronel Gutiérrez a este medio, de las 10.000 personas privadas de la libertad que se inscribieron para votar, aproximadamente 3.400 ejercerán su derecho en estos comicios.
En ese sentido, el director del Inpec enfatizó que el objetivo es impedir cualquier tipo de actividad de extorsión o fenómeno criminal que pueda afectar el proceso electoral, que normalmente, según declaró Lina Marcela Castillo, directora del Buen Pastor, a Infobae Colombia, transcurre en completa normalidad.
Estrategia para reforzar la seguridad en las cárceles del país
El director precisó que ya existen planes para instalar inhibidores de señal celular, inicialmente en la cárcel de Acacias (Meta) y con el proyecto de llegar a 10 cárceles en una primera etapa, en coordinación con los operadores y el Ministerio de Justicia.
Esta medida, según el coronel Gutiérrez, busca frenar la comunicación ilícita desde los penales y, por ende, la posible comisión de delitos como la extorsión desde el interior de las cárceles, que aunque algunos reos usan los celulares de forma inofensiva, no deja de ser una práctica ilegal, que termina perjudicando su días de redención de pena o visitas desde el exterior.
“A pesar de que el establecimiento tiene un plan piloto de videollamada, a veces resulta más económico adquirir un celular para usted tenerlo disponible porque las llamadas están reguladas por tiempo y horario. Es un elemento de prohibida tenencia en el establecimiento por más de que un privado de la libertad lo haya mandado a comprar con factura”, sostuvo.
Medidas de seguridad para los funcionarios del Inpec
Sobre la seguridad del personal penitenciario durante los comicios, Gutiérrez explicó Infobae Colombia que desde el sábado se aplicará el alistamiento de segundo grado, que refuerza la seguridad preventiva, y el domingo el de primer grado, que aplica ante situaciones graves que ponen en peligro el centro, en coordinación con organismos de seguridad y justicia.
“Hace unos días entregaron cinco vehículos blindados, una inversión de más de $2.000 millones. Y también con la articulación institucional con la UNP también para garantizar precisamente la seguridad y la integridad de todos los trabajadores”, afirmó el director a este medio, enfatizando que, hasta el momento, no se han identificado amenazas puntuales contra sus funcionarios; no obstante, se mantiene la alerta y la prevención como ejes fundamentales de su estrategia en el contexto electoral.
A pesar del parte de tranquilidad, Gutiérrez precisó que este tipo de operativos incomodan a algunos reclusos, lo que puede derivar en amenazas o posibles retaliaciones.
“El riesgo es intrínseco a la labor penitenciaria como el que estamos haciendo hoy. En el pabellón siempre hay inconformidades, siempre hay situaciones que demandan el Estado, la institución. Ahora hay gente que se incomoda porque le quitan los teléfonos, porque le hacen operativos, porque le quitan drogas, entonces es un riesgo inherente a la actividad penitenciaria”, puntualizó.
Caso de cárcel La Dorada, Caldas
Durante la jornada, se destacó el caso sucedido el día anterior en la cárcel de alta seguridad de La Dorada, donde fueron decomisados 40 teléfonos celulares que mafias intentaban ingresar a través del sistema de alcantarillado.
“Unas modalidades delictivas muy avanzadas a través de diferentes actividades de ocultamiento”, señaló el coronel Gutiérrez. Los aparatos estaban impermeabilizados y sujetos a cuerdas para ser transportados por las alcantarillas hasta las celdas, un método innovador frente a los ya identificados en operativos anteriores.
El directivo explicó que La Dorada es uno de los penales priorizados dentro de la estrategia Dominó, operada en conjunto con la Fiscalía y la Policía, debido a la presencia de delincuentes de alto perfil dedicados a la extorsión. “Esa cárcel tiene mucho índice de extorsión”, afirmó Gutiérrez, que detalló que los principales centros con este tipo de delitos son Valledupar, seguida de Dorada, Cómbita y Ibagué.
En lo corrido del año, seis funcionarios han sido capturados intentando ingresar elementos prohibidos, como celulares. Estos hechos han sido detectados gracias a la colaboración entre agentes penitenciarios y guías caninos.
Gutiérrez informó que entre los años 2020 y 2026 se han producido 33 capturas en total bajo esta modalidad. “Antes de ingresar fue detectada y fue puesta a disposición de la Fiscalía”, relató, refiriéndose a un caso reciente en el mismo establecimiento donde una funcionaria fue sorprendida en flagrancia.