Delegación del Gobierno pidió a grupos armados en Buenaventura un compromiso público de no interferencia en las elecciones

A pocos días de las elecciones al Congreso de la República, las consultas interpartidistas, los comicios presidenciales y las votaciones a Juntas de Acción Comunal, la delegación del Gobierno para el proceso de paz con grupos armados en Buenaventura dirigió una comunicación oficial a las estructuras organizadas que para que manifiesten su no interferencia en el proceso democrático.

En el documento fechado el 26 de febrero de 2026 y dirigido a las “Estructuras Armadas Organizadas de Alto Impacto” en Buenaventura, la delegación señaló que la solicitud se realiza “en el marco de la política pública de paz y conforme a la Ley 2272 de 2022”, ante la proximidad de la jornada electoral.

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En la carta, la delegación del Gobierno nacional para el Espacio de Conversación Socio jurídico de Buenaventura expresó: “solicita un pronunciamiento formal y público por parte de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto Shottas y Espartanos, reconocidas mediante Resolución Presidencial 211 de 2023 y de la estructura armada Los Chiquillos”.

El documento precisa que dicho pronunciamiento deberá contener “un compromiso claro, público y verificable de no interferencia en el desarrollo de la jornada electoral”, la cual incluye elecciones legislativas, consultas interpartidistas, elección presidencial y comicios de Juntas de Acción Comunal.

Asimismo, la delegación indicó que el compromiso solicitado debe incluir el respeto por “la vida, la integridad, la libertad y los derechos políticos de las comunidades del Distrito Especial de Buenaventura”.

La comunicación fue suscrita por Fabio Ariel Cardozo Montealegre, jefe de la delegación del Gobierno; Jesús Flórez, delegado del Gobierno nacional; Adriel Ruiz Galván, Laura Rutiñe Giraldo y Jhon Henry Arboleda, también delegados del Espacio de Conversación Socio jurídica.

Alertas por riesgo electoral en el país

La solicitud de la delegación se produce en un escenario en el que distintos informes advierten riesgos en el desarrollo de los comicios. Un informe de la Universidad de San Buenaventura, en colaboración con la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Registraduría Nacional, alertó sobre el “alto riesgo de fraude y violencia electoral en 170 municipios del país, 81 de los cuales se encuentran en riesgo extremo”.

Según ese análisis, estas zonas concentran alrededor de 4,5 millones de votantes, lo que representa más del 11% del censo electoral nacional. Entre las principales señales de fraude electoral identificadas se encuentran el ofrecimiento de dinero o favores a cambio de votos, la presión para votar por un candidato específico, el traslado irregular de votantes, la suplantación de personas y la manipulación de actas de votación.

Además, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) advirtió que “las denuncias oportunas son esenciales para evitar que estos actos ilegales afecten el resultado de la jornada”, en referencia a la importancia de reportar posibles irregularidades.

Recomendaciones ante posibles irregularidades

Las autoridades electorales han señalado que, en caso de que un votante observe un acto de fraude o coacción, no debe confrontar a los involucrados. En su lugar, se recomienda recopilar datos clave como lugar, hora y descripción de los hechos, y reportarlos de inmediato a los funcionarios electorales presentes en el puesto de votación.

La Fiscalía General de la Nación habilitó la plataforma Denuncia Fácil y la Línea 122 para la recepción de denuncias formales relacionadas con delitos electorales, herramientas que buscan facilitar el acceso a la justicia en estos casos.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea informó que en 2022 el 7% de las mesas de votación presentó indicios de compra de votos, dato que fue citado para subrayar la necesidad de vigilancia durante el proceso electoral.

Con más de 41 millones de votantes habilitados en el país, las autoridades y organizaciones de observación reiteraron el llamado a la ciudadanía para que identifique posibles señales de fraude y utilice los canales institucionales de denuncia.