Un total de 109 pacientes con hemofilia y otras coagulopatías afiliados a Nueva EPS quedaron sin atención especializada luego de que Integral Solutions SD S. A. S., una institución prestadora de servicios de salud con más de 13 años de experiencia en el manejo integral de estas patologías, decidiera dar por terminado el contrato con la EPS.
La medida deja a esta población vulnerable, que requiere tratamientos continuos para prevenir complicaciones graves.
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La terminación del contrato fue anunciada por la IPS a través de un comunicado de prensa, en el que se señaló que los compromisos acordados por la EPS los días 16 de enero y 20 de febrero de 2026 no se materializaron, lo que imposibilitó la continuidad de los servicios. La IPS indicó que la decisión se toma ante la acumulación de deudas y el incumplimiento de acuerdos por parte de la entidad promotora de salud.
“Esta situación limita e imposibilita completamente cualquier oportunidad de realizar la atención clínica integral para todos los usuarios”, indicó la institución en su comunicado.
En el comunicado, Integral Solutions explicó que, a pesar de haber dispuesto toda su capacidad técnica, científica y humana para atender a los pacientes asignados, la falta de cumplimiento por parte de la EPS hizo imposible ejecutar los tratamientos y servicios requeridos. Frente a esta situación, la institución agradeció la confianza de los pacientes y reiteró su compromiso con la atención humanizada y transparente.
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“La entrega de la totalidad de la población a la entidad Nueva EPS se realiza con imposibilidad absoluta y un riesgo inminente para la institución, sin que se garanticen y se cumplan los compromisos propios de la entidad promotora de salud para la prestación de servicio”, concluyó Integral Solutions en su comunicado.
La situación evidencia las dificultades que enfrenta la Nueva EPS para garantizar la prestación de servicios a usuarios con enfermedades de alto costo, que dependen de tratamientos continuos para evitar complicaciones severas, como ocurrió recientemente con el caso del niño Kevin Acosta, que falleció por complicaciones relacionadas con la falta de acceso oportuno a su tratamiento.
Crisis financiera en la Nueva EPS
La crisis se agrava al considerar la situación económica de la EPS. Según cifras de la Contraloría General de la República, la deuda de la entidad creció un 198% entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, pasando de $5,42 billones a $21,37 billones. En el mismo periodo, su patrimonio sufrió un deterioro acelerado, pasando de un saldo positivo de $485.209 millones en 2022 a un patrimonio negativo de $6,25 billones en marzo de 2025.
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El organismo de control calificó la situación como una “inviabilidad estructural”, poniendo en duda la capacidad de la EPS para responder por la atención de más de 11 millones de afiliados en todo el país.
Los efectos de esta crisis se reflejan en la operación de múltiples prestadores de salud: 95 instituciones han interpuesto embargos que superan los $2 billones debido a la falta de pagos de Nueva EPS. Esto afecta directamente la estabilidad financiera de clínicas y hospitales, y compromete la continuidad y oportunidad de los servicios para pacientes con patologías complejas y de alto costo.
En paralelo, las quejas de los afiliados ante la Defensoría del Pueblo aumentaron un 107% durante 2025, alcanzando 14.603 registros, lo que evidencia un incremento en las barreras para acceder a servicios, medicamentos y tratamientos. La mayoría de las reclamaciones estuvieron relacionadas con retrasos en la entrega de insumos, falta de especialistas, denegación de procedimientos autorizados y dificultades en la asignación de citas médicas, especialmente para pacientes con enfermedades de alto costo, cuya atención requiere seguimiento continuo y coordinación efectiva entre EPS e IPS.
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