El presidente Gustavo Petro fue obligado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a retractarse públicamente de una afirmación que vinculaba a la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez con narcotráfico y paramilitarismo, luego de que un incidente de desacato determinara que no había cumplido de forma integral decisiones judiciales previas que le exigían rectificar sus declaraciones.
En su mensaje en la red social X, Petro escribió: “me retracto de manera expresa, de la frase: ‘No señora ex canciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar’”, reconociendo que esa expresión vulneró el derecho al buen nombre de Ramírez, pues no existe una condena judicial que respalde tal vínculo.
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La orden de rectificación se dio tras un fallo de tutela que consideró afectada la honra de la exfuncionaria.
Tras esa rectificación, el mandatario publicó un nuevo pronunciamiento en el que defendió la libertad de expresión y el escrutinio público. Señaló que, como Presidente y ciudadano, respeta las decisiones judiciales, pero reafirmó que continuará ejerciendo control político sobre quienes han ocupado posiciones de poder.
“Como Presidente de la República y como ciudadano defiendo con toda la fuerza de mi investidura y de mi ser, el derecho soberano del pueblo colombiano a la libertad de expresión, respetando las directrices de los jueces”, manifestó. Agregó que ese derecho es “un pilar sagrado de la democracia” y sostuvo que sin una voz libre “no hay cambio posible”.
En el mismo mensaje afirmó que “la vieja política y sus élites quieren silenciar el escrutinio”, pero aseguró que seguirá exigiendo cuentas a quienes ejercieron el poder.
Asimismo, mencionó investigaciones periodísticas que —según indicó— han revelado hechos de interés público relacionados con el entorno de la exvicepresidenta, entre ellos la condena de un hermano suyo en Estados Unidos por narcotráfico, cuestionamientos sobre la Operación Orión cuando fue ministra de Defensa, referencias en los Pandora Papers y un escándalo en Italia por la compra de armas con intermediación de un exparamilitar conocido con el alias de “Don Antonio”.
El contexto de la controversia
La polémica se remonta a agosto del 2025, cuando el presidente ordenó el despliegue de decenas de miles de uniformados en la frontera con Venezuela, con el objetivo de combatir a las organizaciones dedicadas al narcotráfico que operan en esa zona.
Ese día, Petro dispuso el ingreso de fuerzas de la fuerza pública hacia sectores como Arauca y el Catatumbo, en medio de un fuerte debate sobre la inseguridad y la presencia de grupos armados ilegales en la frontera colombo-venezolana.
La medida fue criticada por la exvicepresidenta y exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, quien aseguró en una entrevista con el medio La FM que la acción era tardía para enfrentar de verdad el tráfico ilegal de drogas y que se estaba dando una respuesta únicamente ante presiones externas como la postura de Estados Unidos frente a la región.
Ramírez argumentó que Petro no había actuado con suficiente prontitud para enfrentar la criminalidad en regiones fronterizas, e indicó que la amenaza provenía de organizaciones transnacionales del crimen que ponen en peligro la estabilidad regional.
Respuesta de Petro que desencadenó la tutela
La fuerte crítica de la exfuncionaria, combinada con las tensiones políticas alrededor de la militarización, llevó al presidente a responder en X con una afirmación que vinculaba a Ramírez con grupos narcotraficantes y paramilitares: “No señora ex canciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar”
Ese comentario fue interpretado por Ramírez como una difamación, por lo que interpuso una tutela, alegando afectación a su honra y reputación.
El caso judicial concluyó que Petro debía retractarse públicamente en los mismos términos y alcance de su publicación original.
Sin embargo, el presidente no habría cumplido de forma íntegra con ese mandato en el primer intento, motivo por el cual el juzgado aceptó el incidente de desacato y reiteró la orden de rectificación, ahora ejecutada por Petro conforme a lo exigido por la justicia.